Luego que el Pleno del Congreso del Estado aprobara las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales de Tamaulipas, el Diputado Ramiro Ramos Salinas, manifestó que estas modificaciones, a fin de incorporar el delito de desaparición forzada de personas, coadyuvan para fortalecer la Seguridad Pública en el Estado.
Señaló que se considera como desaparición forzada a la privación de libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, o con el apoyo del Estado, además de negar información sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, destacó que la acción legislativa promovida por el Gobernador Egidio Torre Cantú, protege y da seguridad jurídica a la sociedad y en estricto apego a la ley, se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos, con el ánimo de asegurar el cumplimiento del derecho más preciado que tiene el hombre, que es su la libertad.
Ramos Salinas, afirmó que la desaparición forzada de las personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado indefenso; y por medio de estos instrumentos internacionales, se promueve el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales.
El legislador destacó que para proteger y dar seguridad jurídica a la sociedad, es necesario que se respeten los derechos y las garantías de los ciudadanos, con el objeto de asegurar el cumplimiento al derecho esencial e intrínseco del ser humano, el cual es su libertad.
Mencionó que a las personas que cometan esta violación, se le impondrá una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil días de salario mínimo, además destacó que para los servidores públicos, quienes hayan sido condenados por este delito de desaparición forzada de personas, se les destituirá del cargo y se les inhabilitará de cinco a veinte años para desempeñar cualquier puesto, comisión o empleos públicos.
