Luego de tres días de permanecer en el penal como presunto responsable de uso indebido de funciones, cuando fungía como secretario del ayuntamiento durante la administración municipal 2010-2013, el abogado Fernando Miranda Macías recibió el auto de libertad emitido por la juez segunda de lo penal, Carmen Serna.
Al filo de las 11:00 horas de este jueves, el litigante abandonó las instalaciones del Penal, y de allí se trasladó a sus oficinas ubicadas en las calles Gutiérrez y Morelos, en donde el personal que labora en su despacho lo recibió.
“Agradezco que se conozcan los hechos de esta fábrica de delitos que realizó la administración municipal 2013-2016, encabezada por Carlos Enrique Cantúrosas, y cuyo síndico (Jorge González Fisher), realizó una denuncia contra mi persona como secretario del ayuntamiento, y contra los entonces síndicos, Félix Alemán y Trinidad Vázquez”, explicó.
Miranda se encontraba sereno, tranquilo y sin ánimo de venganza al momento de salir del reclusorio, pero advirtió que encauzará una demanda penal contra los funcionarios de la anterior administración municipal, por tratarse de una denuncia sin fundamentos legales, lo que dijo, fue demostrado judicialmente.
La denuncia en su contra se aplicó al haber ratificado la firma del entonces alcalde Benjamín Galván Gómez, que autorizaba la instalación de 68 paraderos del transporte público urbano, y no 100 como se menciona en la demanda, lo que fue promovido desde la administración de Horacio Garza Garza, en la que los regidores negociaron esta adquisición hasta ser aprobado el contrato.
Pero el argumento esgrimido por la administración de Carlos Canturosas fue que el gobierno municipal tenía un menoscabo patrimonial, lo que no fue demostrado, y menos por un presunto peritaje realizado por el entonces secretario de Obras Públicas, Ignacio Quiñónez, quien no ratificó dicho peritaje.
“Fue así como se creó un delito para acusarme, y el juez y el ministerio público tomaron en cuenta ese peritaje para valorar y clasificarme el delito como presunto responsable, y como delito grave, por eso no tuve derecho a la fianza”, explicó.
Ante esta situación que dijo, se trató de un delito fabricado para perjudicarlo, ejercerá su derecho para demandar administrativamente, civilmente y penalmente, ante las autoridades, a quienes le fincaron dicho delito.
Agregó Miranda que si bien dichas autoridades de la administración anterior lo demandaron por presunto quebrando a las finanzas municipales al haber ratificado el convenio con su firma, los argumentos de menoscabo al patrimonio municipal se desvanecen, al haber aportado pruebas certificadas por el abogado de la empresa encargada de instalar dichos paraderos, y que se encuentra en Monterrey.
De este modo, dijo que el gobierno municipal de Carlos Canturosas, sí recibió el pago de derechos por parte de la empresa, por lo que al impugnar este convenio y recibir el dinero, lo catalogó como un acto de corrupción y de contubernio entre algunas autoridades municipales, y espera que el ministerio público apele con la misma rapidez con la que le dictaron el auto de formal prisión.
El abogado Fernando Miranda fue liberado luego de haber vencido el término legal que la ley confiere para comprobar inocencia, por lo que el juez dictó su inmediata liberación al no existir pruebas de delito en su contra.
“Pido al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a que termine con esa herencia de Egidio Torre Cantú en las áreas de procuración de justicia, porque es urgente y es un compromiso del gobernador con los tamaulipecos”, comentó.
Agencias
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