El diputado del PRI en el congreso local, Alejandro Etienne Llano, dijo que revisarán las reformas al código penal del estado que limita a las redes sociales y prensa tras admitir que el decreto se votó «fast track».
«Los priístas lo vamos analizar, pero algo muy importante es la postura que la propia autoridad, el gobierno del estado asuma y aclare, me parece que va a ser muy importante y hay que esperar qué es lo que señala», apuntó.
«Y, si hay alguna situación que requiera hacer alguna precisión, estamos en la mejor disposición porque el ejercicio de la libertad de prensa y del periodismo, es imprescindible como ejercicio de control de la administración y del control del ejercicio del poder».
Etienne justificó la aprobación por la bancada tricolor porque apenas el miércoles recibieron el decreto del ejecutivo para reformar, adicionar y derogar disposiciones del código penal del estado.
Recordó que dos horas antes de iniciar la sesión ordinaria les entregaron el documento de 31 páginas y en cuestión de minutos votaron a favor.
«Nosotros lo aprobamos en el ánimo de no regatear ninguno de los esfuerzos que se estén haciendo en materia de seguridad”, admitió.
Sin embargo, dijo que en relación a lo del periodismo, ahí venía una parte donde excluyen expresamente a los periodistas de alguna responsabilidad cuando están en el ejercicio de sus funciones.
«Tal vez no sea lo totalmente clara y a lo mejor se pueda abrir algunas variables para una interpretación no deseada», anotó.
El pleno del congreso con dispensa de trámite por tratarse de un asunto relacionado con la seguridad aprobó reformas, adiciones y derogaciones al código penal del estado, tendientes a castigar como delitos graves la práctica del «halconeo» y el espionaje de las fuerzas armadas.
Una de las reformas en el artículo 207 Quáter y de los más polémicos, castiga con hasta cinco años de prisión al que haga el uso de información pública que aparezca en Internet o en computadoras, para dañar o desprestigiar a servidores públicos o personas. «Al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada», menciona el decreto.
Asimismo, la pena aumentará hasta una tercera parte cuando este delito se cometa contra alguna institución o servidor público, con una multa generalizada de 100 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Otra de las reformas al código penal del estado establece sanción al que indague o alerte sobre la ubicación de operativos de fuerzas armadas o de seguridad y lo transmita en directo por cualquier medio de comunicación.
«A quien por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos o cualquier medio avise o indague sobre las actividades, operativos, ubicación o, en general, respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las instituciones de seguridad pública».
Ante las fuertes críticas que levantó la limitación de internet, el gobierno del estado rechazó que los cambios al código penal del estado coarten la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
«El objetivo de las modificaciones es eliminar y erradicar prácticas criminales que ponen en riesgo la efectividad de operativos de fuerzas armadas y policiacas en el combate a la delincuencia, o aquellas que pudieran permitir el uso indebido o manipulado de información privada o pública que puedan generar un daño a las personas o el patrimonio», indicó.
Refiere, aunque la reforma dice lo contrario, que en el caso de los particulares podrán reportar situaciones cuando están sucediendo.
«No así cuando se estime que contribuyen a informar movimientos tácticos que entorpezcan los operativos».
La Verdad
