El Gobierno de Tamaulipas fue condenado por un juez del Supremo Tribunal de Justicia a pagar a la empresa Cartello, del ramo de la publicidad, 600 millones de pesos que no fue liquidado en tiempo y forma por el gobierno de Egidio Torre Cantú.
Abelardo Perales Meléndez titular de la consejería jurídica del ejecutivo estatal informo que ésta empresa interpuso una demanda mercantil por un servicio que prestó y no le fue pagado durante las administración del ex gobernador Torre Cantú, dictándose sentencia a su favor.
“Se condenó al gobierno del estado de Tamaulipas a pagar 600 millones de pesos a un proveedor que no se le pago desde el gobierno de Egidio Torre Cantú, hizo unos trabajos que no le fueron cubiertos, recién me acaban de notificar” subrayo.
Puntualizo que ahora el problema es que la actual administración estatal además de tener que pagar algo que no fue bajo su gestión, no cuenta con los recursos suficientes para solventar dicha deuda.
“Ese tipo de cosas se están atendiendo y se va a tener que pagar por que el servicio y trabajo se hizo por parte del proveedor y no le fue cubierto durante el gobierno anterior; Es un servicio por anuncios espectaculares o publicitarios y el pleno del Supremo Tribunal de Justicia condeno a pagar” acoto.
“Ahorita no tenemos dinero, pero se va a incluir (600 mdp) como una partida del presupuesto del 2018 incluso ya se informó al pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el proveedor es Cartello”.
Perales Meléndez dijo que por el momento no se procederá a través de la Contraloría Gubernamental a fincar responsabilidades a ex funcionarios por esta omisión, y que lo que se hará es destinar una partida presupuestal el próximo año para saldar esta deuda.
Insistió en que este tipo de demandas se están atendiendo y se tendrá que pagar porque el servicio lo prestó el proveedor y la sentencia no favoreció a la administración estatal. Así mismo, señaló que hay otras demandas que se vienen arrastrando desde administraciones estatales pasadas.
“Tenemos otra demanda en el Tribunal Fiscal, que ahora se llama de Justicia Administrativa, en donde los ex socios de la cooperativa del ingenio del Mante demandaron una reversión porque les fue expropiado un terreno de aproximadamente 200 hectáreas y que, según ellos, no se destinó para utilidad pública”, dijo.
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