Tampico, Tamps.- El Frente Unido de Marinos Mercantes pidió a la Administración Portuaria Integral (API) Tampico aclare los gastos por 34 mil 496 pesos erogados al pago de servicios de restaurantes, bebidas alcohólicas y pastelerías, realizados entre el año pasado y éste que no corresponden a la política de austeridad predicada por el Gobierno de México.
Lo anterior debido a que este miércoles 17 de noviembre EL SOL DE MÉXICO dio a conocer tres facturas por dicha cantidad que se hicieron con cargo al erario por parte de la administración de la aduana de este puerto en el sur de Tamaulipas, actualmente a cargo del vicealmirante, Miguel Báez Barrera.
El presidente del Frente Unido de Marinos Mercantes en Tampico, Guillermo Parra Avello consideró que gastos superfluos de esa naturaleza deben ser investigados, aclarados y sancionados por el Órgano de Control Interno de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marian (Semar), para impedir que una empresa estatal utilice recursos públicos en estos productos, lo que no concuerdan con la política de honestidad y transparencia proclamada por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La investigación da cuenta de tres facturas en un restaurante bar con un importe de seis mil 245 pesos; servicios de lavandería de cinco meses con un costo de cuatro mil 304 pesos y 14 servicios de consumo de alimentos en distintos restaurantes y hoteles que ascienden a esa suma a cuenta del erario por la Autoridad Portuaria Integral de Tampico.
En la revisión a las compras que se han realizado en el periodo de agosto de 2020 a agosto de 2021 en las 16 autoridades portuarias integrales del país en las que se incluye Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz, fue en Tampico la única en la que se detectó esas adquisiciones.
El líder de los marinos mercantes pidió que el asunto sea investigado y que como corresponde sean objeto de sanción los responsables, pues en estos tiempos de austeridad, donde algunas oficinas como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 9 en este puerto no tiene ni tinta, ni papel para dar continuidad a los expedientes de los trabajadores, de ninguna manera debe permitirse que otras dependencias federales que tienen ingresos propios los gasten a su antojo.
“En el caso de las API, manejan recursos propios y deben ejercer un control estricto de sus adquisiciones y apegarse a los lineamientos austeros y que el Órgano de Control Interno supervise bien como se gasta, en que se debe ejercer y en que conceptos no”, dijo Parra.
Se supone, dijo, que deben hacer revisiones con carácter de observación y detectar esa clase de erogaciones, pues si en muchos casos no hay ni para papeles, pero por otro lado están usando el dinero en lo que no se debe de gastar.
Respecto al cambio de nombre de las API a Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, dijo que se trata de “la misma gata, pero revolcada” porque la modificación no implica una política sustancial en el manejo de los 16 puertos federales del país.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del martes pasado la Secretaría de Marina informó a las autoridades, concesionarios, prestadores de servicios portuarios y al público en general, la nueva denominación de las Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, sectorizadas a la Semar.
La modificación del nombre de API a ASPN, no trae consigo cambios en la transformación portuaria, que siguen careciendo de políticas de fomento a la inversión privada, que mejoren su competitividad y operatividad, “es la misma gata, pero revolcada”, apuntó.