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Por: Jorge A. Pérez González
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Domingo 14 de agosto 2022
Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el expresidente Felipe Calderón, del PAN, al iniciar su mandato. Calderón mandó al Ejército a Michoacán, Estado que sufría entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. La conclusión histórica es que la medida se tomó más con intenciones políticas que con preocupación por velar la seguridad de los mexicanos.
En el 2017 Enrique Peña Nieto promovió la Ley de Seguridad Interior y sostuvo que, mientras no se aplique, México seguirá en deuda con las Fuerzas Armadas.
«Habría sido inconsistente seguir demandando a nuestras Fuerzas Armadas que coadyuvaran a la seguridad interior sin dotarlas de un marco legal que le brindara certidumbre jurídica a su actuación», justificó el presidente sobre la propuesta que impulsó durante su administración.
La Ley de Seguridad Interior tiene treinta y cuatro artículos distribuidos en seis capítulos, además de contener los correspondientes artículos transitorios que únicamente tendrían
vigencia una vez que se haya cumplido con su propósito. Los capítulos contienen los supuestos y el procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior; asimismo, contempla el modo mediante el cual podrán intervenir las autoridades federales en apego a esta ley. A su vez consideraba también el manejo de la inteligencia para la seguridad interior y el respectivo control en las acciones en materia de seguridad interior.
La ley pasó todos los filtros legales en las Cámaras de Diputados y Senadores y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en Noviembre del 2017.
Sin embargo en Noviembre del 2018, un año después de la publicación de la referida ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidó por completo, pues determinó que dicha ley era inconstitucional. Tras el análisis del proyecto con mayoría de 9 votos, el Pleno declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior.
La controversia fue promovida por diputados federales, senadores, el INAI, el Partido Movimiento Ciudadano, la CNDH, la Defensoría de los Derechos humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
La mayoría de los Ministros que se pronunciaron en contra de la norma, consideraron que el Congreso de la Unión carece de facultades para legislar sobre seguridad interior, mientras que por lo que se refiere a la facultad prevista en el artículo 89, fracción VI de la Constitución Federal, solo faculta al Ejecutivo federal para disponer de las fuerzas armadas, pero no habilita en manera alguna al Congreso de la Unión para expedir una norma de la materia.
Aunado a lo anterior, algunos Ministros estimaron que el proceso legislativo para su aprobación estuvo “viciado de Origen”.
Para entender por qué estamos de nuevo discutiendo el mismo tema que en el 2017 y en el 2018, tenemos que recurrir a Nicolás Maquiavelo, quien fuera consejero de príncipes y de reyes, él estableció que la preservación del poder político siempre estaría por encima de cualquier consideración de orden ético, pero además,
señalaba que la fuerza es el origen del poder y pasa por encima de las razones y de los pactos entre pares.
Esta idea de Maquiavelo sobre el ejercicio del poder y el uso de la fuerza dentro de lo que en su época se denominó como el Estado, fue soportada por pueblos de la antigüedad, solo por poner un ejemplo contundente nos trasladaremos al Imperio Romano, donde el emperador en turno sostenía buena parte de su posición gracias al apoyo que le brindaba el ejército y particularmente la guardia pretoriana.
Si usted, apreciable lector, en su análisis quiere comparar los 4 años de Peña Nieto del 2012 al 2016 año en el que Roberto Gil Zuarth del PAN y Cesar Camacho Quiroz del PRI presentaron en su respectivas Cámaras la Ley ya invalidada, con los 4 años de López Obrador del 2018 al 2022, solo recurra a LA FLACA MEMORIA.
Jorge Alberto Pérez González
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