Alejandro de Anda
LO CLARO. La Copa UAT 2026 consolidó a la Universidad Autónoma de Tamaulipas como uno de los principales impulsores del deporte formativo en el estado, al reunir a casi tres mil niños y jóvenes de 162 equipos en un ambiente de convivencia familiar y desarrollo social.
Durante la inauguración, encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado y con la presencia del futbolista tamaulipeco Ricardo Chávez Soto, se destacó el impacto de este torneo como semillero de talento y como una plataforma que fortalece valores, disciplina y oportunidades para la niñez y juventud tamaulipeca, proyectando además el papel de la universidad como una institución cercana a la sociedad y comprometida con la formación integral de las nuevas generaciones.
LO OSCURO. El 28 de abril de 2026, el Senado de la República pidió que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se presente a explicar lo que ocurrió con la supuesta presencia de agentes estadounidenses en operativos en la Sierra Tarahumara. A partir de ahí se encendió una discusión que va mucho más allá del caso.
¿Qué tanto manda la Federación y hasta dónde llega la autonomía real de los estados cuando la seguridad se desborda?
México carga una realidad dura. Entre 2007 y 2025 se acumulan más de 430 mil homicidios dolosos. En 2019 se registraron 36,661 y en 2020 la cifra subió a 36,773. Chihuahua ha estado varias veces en esa lista de presión, sobre todo en la sierra y en zonas clave de paso. En 2023 superó los 2,000 homicidios. Esa es la cancha donde juegan los gobiernos estatales. Una realidad que exige resultados inmediatos, no explicaciones técnicas.
Desde la óptica federal, el tema es delicado. La presencia de agentes extranjeros entra directo al terreno de soberanía, seguridad nacional y política exterior. Es decir, asuntos que maneja el centro del país. Pero del lado local la lectura es el que la gente exige seguridad hoy, no en el siguiente informe. El artículo 115 establece funciones de seguridad para municipios y estados. Y en la práctica eso significa que el gobernador tiene que resolver con lo que tenga a la mano.
En teoría existe coordinación. En la realidad, la violencia avanza más rápido que los acuerdos.
La estrategia federal ha pasado por Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y mesas de seguridad. Aun así, hay regiones completas donde el control es frágil.
En la frontera norte, con ciudades como Ciudad Juárez, la dinámica con Estados Unidos siempre ha estado presente. Intercambio de información, seguimiento de objetivos, presión constante del otro lado de la frontera.
La cooperación binacional existe desde hace años. Operativos de alto impacto lo confirman, como la captura de Ovidio Guzmán en enero de 2023.
Canales entre autoridades mexicanas y estadounidenses han funcionado en distintos niveles, con actores como Marcelo Ebrard desde la Cancillería o áreas de seguridad que mantienen comunicación directa con agencias del otro lado.
El problema se hace notar cuando esa cooperación ‘se mueve’ fuera del carril federal.
Para la Federación, cualquier contacto operativo con agentes extranjeros debe pasar por sus manos. Para un gobierno estatal bajo presión, primero resolver… ordenar después. En ese cruce de visiones se genera el conflicto.
El Senado entra en ese punto. Tiene facultades para revisar escenarios que puedan afectar el orden constitucional. Sin embargo, la comparecencia también abre un frente político. La entidad está gobernada por una fuerza distinta a la federal… y eso alimenta la lectura de que hay una presión adicional.
La historia reciente tiene ejemplos que ayudan a entender el contraste. En San Pedro Garza García, durante la administración de Mauricio Fernández Garza en 2009, el propio alcalde habló de “mecanismos alternos de inteligencia para recuperar el control del municipio”. Aquello provocó ruido nacional, cuestionamientos y polémica. Aun así, el resultado inmediato fue una caída en ciertos delitos y un regreso rápido del orden.
La intervención federal se mantuvo en el terreno de la crítica, sin escalar a un choque institucional.
El caso de Chihuahua vuelve a poner sobre la mesa esa misma tensión. Legalidad contra eficacia. El modelo federal mexicano plantea equilibrio, pero en los hechos ese equilibrio se resquebraja cuando la violencia aprieta.
La comparecencia del 28 de abril de 2026 abre una discusión incómoda. Por un lado, el control del Estado mexicano sobre su soberanía y su relación con otros países. Por el otro, la obligación de un gobierno estatal de garantizar seguridad en su territorio, incluso bajo presión extrema.
¿Hasta dónde puede llegar un estado para proteger a su gente cuando la respuesta federal resulta insuficiente?
¿Hasta dónde puede llegar la Federación para exigir control sin invadir el margen de acción local?
Entre esos dos extremos se mueve el país. Con un Senado que exige respuestas y con estados que enfrentan una realidad que no espera a que la política se ponga de acuerdo.
COLOFÓN: Y la sociedad preguntamos ¿la soberanía se rompe en Chihuahua… pero se administra desde Washington? ¡Vaya prueba para la presidenta!
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