INDICADOR POLITICO
Por Carlos Ramírez
El señalamiento de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde de que la designación del general Mérida había sido responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional no fue de mutuo proprio sino el último mensaje mafioso del gobernador defenestrado Rubén Rocha Moya, su jefe político como sustituta. El mensaje se puede articular el lenguaje el crimen organizado:
–Si caigo yo, caen todos.
La decisión de designar a militares en activo o retirados encargos de seguridad pública estatales y municipales fue parte de la estrategia del presidente López Obrador para mantener el control de los acuerdos pactados con los cárteles en el contexto del modelo de “abrazos, no balazos” que había determinado una propuesta realmente muy de fondo: la pax narca o gobernanza criminal, que era el acuerdo formal del Estado con el crimen organizado para que “se portarán bien”, lo que el lenguaje político querría decir que podrían desarrollar sus operaciones delictivas siempre y cuando contribuyeran a acuerdos entre los grupos en pugna para disminuir la criminalidad y elevar la gobernanza bajo la responsabilidad del crimen organizado.
En términos estrictos, la decisión presidencial era la nueva estrategia de seguridad. Si los grupos en pugna acordaban llevar la fiesta en paz y mantenían el control y la estabilidad de su territorio, de modo natural habría un efecto desdramatizador en las cifras de homicidios que habían producido las guerras entre cárteles y bandas como consecuencia de la declaración de hostilidades decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa a unos cuántos días de haber asumido la presidencia de la República, en diciembre de 2006.
Los primeros efectos de la aplicación de la pax narca parecieron haberle dado la razón a la estrategia lopezobradorista, porque la contribución adicional del Estado fue la de disminuir las confrontaciones y las búsquedas con fines de arresto y extradición de los miembros de los cárteles y las bandas delictivas.
Pero era orgánicamente imposible mantener el pacto de gobernanza criminal, sobre todo porque no fue producto de alguna junta en alguna parte del país entre todos los jefes de las bandas delictivas, sino que el mensaje se desparramó a través de la mañanera. Peña Nieto desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y trasladó sus funciones a la Secretaría de Gobernación y López Obrador dio tres pasos estratégicos en función de la pax narca o gobernanza criminal: crear la Guardia Nacional, ampliar la presencia de cuadros militares en cargos de seguridad pública locales bajo la responsabilidad de gobernadores y alcaldes y disminuir el discurso de caracterización delictiva de los jefes del crimen organizado, y de ahí se perfiló la acusación de que el presidente López Obrador protegía a los delincuentes porque también eran mexicanos y que había que referirse al “señor Guzmán” y no al líder criminal conocido como El Chapo.
La Sedena carecía de instrumentos administrativos y legales para tratar de controlar a sus activos o retirados en áreas de seguridad civil, y en ese contexto se dio la insistencia de las Fuerzas Armadas de que México necesitaba una Ley de Seguridad Interior para tener mecanismos de supervisión que como instituto armado carecía. Peña Nieto aprobó el cuarto para las 12, en 2018, una Ley de Seguridad Interior, pero fue bloqueada sin ningún sentido estratégico de seguridad nacional por la oposición y la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrogó lo ha probado.
En su Estrategia de Seguridad Pública, López Obrador se comprometió formalmente a presentar y aprobar con su mayoría una Ley de Seguridad Interior y en el camino también asumió la responsabilidad de desarrollar en el discurso público la doctrina o cultura de la seguridad interior.
La pax narca se aplicó sin Ley de Seguridad Interior que fuera reglamentaria de la fracción VI del 69 constitucional que le otorga al jefe del Ejecutivo federal la responsabilidad de la seguridad interior como exclusiva y sin pasar por el Congreso.
La declaración formal de la gobernadora Yeraldine Bonilla ocurrió en un doble contexto: los primeros indicios de que el general Mérida había cruzado la frontera con documentos para entregarse a la justicia norteamericana y presuntamente pactar un acuerdo como testigo protegido y mientras se revelaba en ese contexto que el gobernador Rocha Moya vivía en el Palacio de gobierno y por lo tanto seguía ejerciendo las funciones del Ejecutivo y su sustituta solo era la muñeca ventrílocua que repetía los mensajes del gobernador destituido.
En este contexto es que se deben leer el traslado de la papa caliente del Gobierno estatal de Rocha Moya-Bonilla a Sedena como el último mensaje del exgobernador defenestrado antes de que esta semana se decida su encarcelamiento en México o su entrega a EU. Y su última decisión fue embarrar a la Sedena en un problema que le correspondía exclusivamente a él, a López Obrador y a la presidenta Sheinbaum Pardo.
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Política para dummies: en política no importa quién me la hizo sino quién o quiénes me las van a pagar.
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