El día de ayer, se hizo pública la ratificación y denuncia interpuesta el pasado 6 de septiembre por el ex alcalde, Oscar Pérez Inguanzo, que involucraría a 31 ex diputados locales, 22 ex ediles y un ex funcionario municipal, de la legislatura y administración municipal, respectivamente, en el periodo 2008-2010, algunos hoy legisladores federales y locales, ediles y funcionarios estatales y municipales.
Esto, por el caso de los contratos de arrendamiento de las luminarias, convenio público celebrado con la empresa particular Impulsa.
Fungirían como involucrados de un presunto ilícito, por el cual Pérez Inguanzo permanece detenido desde hace más de 11 meses, y llama a su comparecencia.
El informe oficializó una denuncia interpuesta el pasado 6 de septiembre de este año, pese a que tanto el ex alcalde, como el abogado defensor, Juan Jorge Olvera, han hecho manifesto la inexistencia de alguna situación anómala en el caso.
Dicha denuncia fue ratii cada el pasado sábado 29 de septiembre, por representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que acudieron al hospital donde se encuentra internado el ex mandatario, también en calidad de detenido.
En dicha querella también se encuentran señalados como el ex secretario municipal, ex tesorero y ex síndico del Ayuntamiento en esta administración, que también fueron denunciados como responsables por el actual Ayuntamiento, la empresa contratista y el Auditor Superior del Estado.
La denuncia es contra quien resulte responsable por los hechos cometidos en perjuicio de la sociedad, por si de los mismos se desprende la comisión de algún ilícito penal, y se solicita la orden de aprehensión, basados en la causa 1254/2011.
Argumenta la denuncia, que la aprobación fue hecha en la sesión extraordinaria de cabildo número siete, asentada en el acta 16, el martes ocho de julio de 2008, y en la que participaron Fernando Holguera Altamirano y Leopoldo Morales Guerrero como síndicos; Arturo Medina Fragoso como secretario; el regidor y como presidente municipal en funciones, Edmundo García Diosdado; así como los regidores A na m aría Herrera Guevara, Esther Legorreta González, Roberto Martínez Balderas, Rubén Alvarado Torres, Esperanza Serratos Bolado, Myrna Lozano Villafaña, Gloria Gómez Rodríguez, Rosa María Muela Morales, Eusebio Martínez Olguín, Antonio Marín Flores, Raúl Contreras garza, Blanca Rosa Cortés Guevara, Concepción Fernández Marcos, César González de la Maza, Teresita Sosa Garza, David Guadalupe Trujillo, Gabriela Segura Cuervo y Juan Rodríguez Alfaro.
De haber ilícito, señala que también serían responsables los miembros del Congreso del Estado, en el dictamen aprobado por la diputación permanente el 19 de agosto de 2008, en sesión pública ordinaria fijada en el acta 44 del 10 de septiembre de 2008, publicado en el Periódico Oficial del Estado, y ratificado previamente en la sesión de cabildo del ocho de julio, de ese mismo año.
En dicha diputación permanente estarían Guadalupe González Galván, Martha Guevara De la Rosa y Guadalupe Soto Reyes, y se añadirían como responsables, Leonor Sarre Navarro, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Jorge Díaz Casillas, Vicente Verástegui Ostos, Norma Cordero González, Gelacio Márquez Segura, Juan Olivares Guerrero, Jesús Tapia Fernández, Magdalena Peraza Guerra, Imelda Mangin Torre, Norma Dueñas Pérez, Enrique Blackmore Smer, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Diana Chavira Martínez, Miguel Manzur Nader, Luz Martínez, Raúl Bocanegra Alonso, Felipe Garza Narváez, Ricardo Gamundi Rosas, Efraín De León León, Jesús Zermeño González, Ángel Rodríguez Saldívar, Humberto Flores Dewey, Pedro Carrillo Estrada y Mario De la Garza Garza, Víctor Sánchez Garza, José Elías Leal Raúl De la Garza Gallegos, quienes aprobaron por unanimidad.
Milenio
