– Sin prisa el relevo de Sampayo
1.- Desafortunado a todas luces resultó el ascenso de Virgilio Andrade Martínez a la Secretaría de la Función Pública, un organismo obsoleto que nunca ha dado resultados y que se veía descontinuado, por lo que se habló de sustituirlo por un nuevo modelo. La última propuesta era una fiscalía, cuyo titular debía pasar por el tamiz del Congreso de la Unión o cuando menos la Cámara de Diputados, para que el actor principal del nuevo organismo no llevara el sello del dedazo presidencial.
Un proyecto que tarde o temprano tendrá que devenir de una Reforma Constitucional que está en marcha y de la que no tenemos duda será una realidad, porque vendrá a responder no sólo al reclamo social de los mexicanos, sino a los señalamientos urgentes de las organizaciones internacionales con las que México ha protocolizados pactos.
Pero mientras llega esa reforma, el ungimiento del hoy flamante Secretario de la Función Pública despertó suspicacias en todos los estratos sociales del país. Sobre todo por la “instrucción” dictada por el Jefe del Ejecutivo al subalterno, que lo autoriza (a lo que es su obligación) a investigar los casos de compra-venta de residencias en las que se han hablado de supuestos conflictos de intereses en contratos, donde una de las partes es la esposa del Presidente, el mismo Peña Nieto y el Secretario de Hacienda.
Que diferente hubiera sido, si no se hubiera girado la instrucción y en un par de días el propio Virgilio, por su iniciativa y autoridad, hubiera anunciado que se practicarían esas mismas investigaciones (las que refirió el Presidente Peña). Cuando menos hubiera despertado la expectativa de autenticidad.
La única forma de obtener credibilidad en esta mecánica de investigación es sacrificando a algunos de los actores, lo cual se antoja imposible, salvo que el hilo se reviente por lo más delgado, en este caso el reynosense Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la constructora Higa, a quien se le adjudica la obtención de contratos por más de 47 mil 670 millones de pesos por inversiones federales en los últimos dos años y que tiene un papel protagónica en los tres casos de las residencias aludidas. Por lo pronto, le están fallando los asesores al Presidente, de eso no hay duda.
2.- En otro tópico, desde el punto de vista legal, los partidos deberán inscribir a sus candidatos en el periodo que va del 22 al 29 de marzo. En la selección interna el PRI va un tanto adelantado en el procedimiento si lo comparamos con sus homólogos; es excepción el IV Distrito declarado hasta el momento desierto.
Al respecto ayer el presidente de ese instituto político en Tamaulipas, Rafael González Benavides dijo a un grupo de periodistas que “el balón está en la cancha nacional”, para dejar claro que no dependen del Comité ejecutivo a su cargo la decisión. También ponderó que es importante resolver a la brevedad, porque el tiempo se pierde, porque es el lapso de posicionamiento hacia el interior del partido, en el que el precandidato pide apoyos a los suyos, tiende puentes de comunicación, etc. Nosotros agregamos, además es uno de los territorios difíciles para el Tricolor, cuando la cabecera del IV Distrito es Matamoros.
Las fechas importantes en el calendario político-electoral del Tricolor son el 18 de febrero la ratificación de los candidatos que van por Asamblea de Delegados; el 4 de marzo, aniversario del PRI, la toma de protesta de sus candidatos, aunque será a partir del 22 del mismo mes, que podrán oficializar la candidatura ante la autoridad electoral; las campañas sólo durarán 60 días y tendrán lugar en abril y mayo, debiendo culminar a más tardar el 3 de junio, para suspender los días 4,5, y 6 que es el periodo de reflexión del voto, que se ejercerá el domingo 7 de junio.
3.- Las reformas practicadas a nuestra Constitución en materia de Derechos Humanos, han dado origen a otras reformas como la que ayer aprobó el H. Congreso de Tamaulipas para establecer principios de igualdad y equidad en las comunidades indígenas en los procesos electorales y con ello garantizar el derecho a los hombres y mujeres de votar y ser votados, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de protección, acceso y ejercicio pleno, en relación a sus costumbres y tradiciones.
No hay duda de que somos un país en continua transformación y dígame si no, hasta hace poco Tamaulipas no tenía presencia de habitantes indígenas (por eso no recibía subsidios que el Gobierno Federal dispone en esas circunstancias), ahora en el censo elaborado por el INEGI se deja constancia de la población indígena en nuestra entidad debido a los movimientos migratorios.
Como quiera que sea, es satisfactorio que la LXII Legislatura que lidera Ramiro Ramos Salinas en su calidad de Presidente d ela Junta de Coordinación Política, tenga la sensibilidad para respetar los derechos de las comunidades indígenas, que también son protagonistas de la historia y del acontecer social de la entidad.
