Gerardo López García
05 de marzo de 2024
En México es año de elecciones y el electorado se encontrará frente a una serie de propuestas hechos por las candidatas y candidato a la presidencia para atender los graves problemas de seguridad que enfrenta el país. Ya se pueden revisar diferentes propuestas, pero no distan mucho unas de otras en aquellos puntos referentes al fortalecimiento de la Guardia Nacional y la continuidad del ejército en labores de seguridad pública.
Pero ¿qué sucederá con la instancia del gobierno federal que es la encargada institucional y jurídica de la prevención y persecución del delito, así como de salvaguardar la integridad de las personas, así como sus derechos? Me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública Federal (llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el actual gobierno).
La Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) es una de las secretarías del gobierno federal que más transformaciones ha sufrido en los últimos 30 años. Pocas son las secretarías que han tenido gran cantidad de reformas y cambios desde su concepción, ya que no solo ha visto modificadas sus atribuciones, sino ha visto en vilo su existencia misma.
La Secretaría de Seguridad Pública nace en el año 2000 durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), la cual contó con la Policía Federal Preventiva (PFP) como la corporación policial para el ejercicio de sus atribuciones. La PFP nació un año antes, en el último año del gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), la cual estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, antecedente importante para lo que sucede durante el gobierno de Peña Nieto.
La PFP nace “ante la necesidad de instrumentar una agenda de seguridad federal unificada, coherente y eficaz”1, en un contexto donde tienen lugar asesinatos de preminentes figuras políticas, los grupos delincuenciales dedicados al tráfico de drogas adquieren mayor relevancia en el debate público y una agenda estadunidense que impulsa el enfrentamiento a estos grupos, en el marco de su “guerra contra las drogas”.
En su origen, esta institución conjuntó a las policías administrativas federales: policía de migración, fiscal federal y la de caminos, además de miembros de las Fuerzas
Armadas de México. Es en el año 2000, con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública la PFP es reubicada a esta secretaría.
Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se mantiene a la SSP y en 2009 la PFP se transforma a la Policía Federal (PF) con lo cual se le otorgan facultades de investigación y se busca fortalecer la coordinación institucional entre la SSP y las procuradurías (federal y estatales), con las distintas corporaciones policiales del país, además de las Fuerzas Armadas. Esta etapa de la seguridad pública del país toma lugar en el inicio de una estrategia de combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada en el país y el acuerdo entre México y Estados Unidos titulada “Iniciativa Mérida” para el combate al tráfico de drogas, momento en que se recrudece la violencia homicida en el país.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Secretaría de Seguridad Pública Federal desaparece y sus funciones son absorbidas por la Secretaría de Gobernación, una vuelta al inicio previo a la creación de la SSP; la PF permanece igual, con la novedad de que en su interior se crea una nueva división conocida como la Gerdarmería, el cual iba a ejercer las funciones de combate frontal a grupos delincuenciales y de despliegue territorial.
Tales cambios se realizan para abordar los pobres resultados en materia de seguridad entregados por el gobierno anterior: crisis de violencia homicida, una crisis de violaciones de derechos humanos principalmente por la participación militar en la estrategia de seguridad y finalmente una crisis de capacidades institucionales. Igualmente se esperaba que el nacimiento de la Gerdarmería y su eventual consolidación pudiera revertir la cada vez mayor participación de las Fuerzas Armadas en labores seguridad pública.
Por último, en el actual gobierno federal que entra en su recta final, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se crea una nueva corporación policial que absorbe a la Policía Federal: la Guardia Nacional (GN). El presidente López Obrador argumenta necesario este cambio debido a que se tenía una PF comprometida por la corrupción y señala a Genaro García Luna quien fuese secretario de seguridad durante el gobierno de Calderón como uno los exponentes de esa profunda descomposición de la institución policial.
La Guardia Nacional, además de contar inicialmente con todo el personal y recurso material de la PF, también se conformó con elementos de la Policía Militar (SEDENA) y de la Policía Naval (SEMAR), con lo que se continuó con la tendencia de fortalecer una corporación policial con personal militar. En agosto del 2022, el presidente López Obrador informa que la GN pasará a formar parte de SEDENA y en septiembre de ese año, el grupo parlamentario de MORENA envió la iniciativa de reforma de ley al Congreso, la cual es posteriormente aprobada. Este cambió implicó la terminación de
labores de todo personal policial-civil que permaneció en la institución durante su transformación.
Tal cambio, entre sus muchos efectos, resulta en que la SSP se quede sin su principal corporación policial; lo anterior implica nos encontramos con una Secretaría de Seguridad Pública federal que se encuentran técnicamente incapaz de realizar sus principales funciones: la ejecución de políticas, programas y acciones con el fin de prevenir el delito, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas y preservar las libertades, orden y paz públicos2, tal como se establecen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El traspaso de la GN a la SEDENA fue detenido por la SCJN al declarar la inconstitucionalidad de tal acción. Con esto llegamos a la situación actual donde nos encontramos en un limbo admisitrativo-constitucional, donde se ha anulado el paso de la GN a manos de SEDENA pero que de facto está funcionando de esta manera.
Las elecciones de este año para renovar el gobierno federal pueden representar otro episodio en las series de transformaciones que ha experimentado la SSP y para todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en su conjunto.
Con las elecciones a unas cuantas semanas y con las candidatas y candidatos planteando sus proyectos de seguridad, la SSP se encuentra frente a 3 escenarios:
a) Primero, su desaparición y que sus labores sean principalmente absorbidas por SEDENA y las menos, por SEGOB. Esta acción pondría fin a la simulación y se podría redirigir efectivamente los recursos financieros a donde sean requeridos, pero podrían devenir en una crisis política ya que el gobierno federal difícilmente podría defenderse frente a las acusaciones de que se ha militarizado el ejercicio de la seguridad pública, la cual especialmente perjudicial para una democracia.
b) Segundo, que el nuevo gobierno federal mantenga la actual situación: continúa la SSP tal como está, sin corporación policial principal, por lo que únicamente cumple con trámites burocráticos dentro del SNSP y algunas labores de coordinación, mientras SEDENA mantiene la ejecución de la estrategia de seguridad. En este escenario tanto sociedad como personal policial y militar continuarían en un limbo, con recursos derrochados en instancias de gobierno que no benefician al estado de la seguridad en el país. Discursivamente el gobierno podría navegar entre el discurso de la militarización de la seguridad pública, pero con una mano civil al volante, dirigiendo la SSP y así sortear críticas locales e internacionales. Este escenario es el tendencial.
c) Tercero, el nuevo gobierno federal mantienen a la SSP pero regresan efectivamente el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional o en su defecto, crean una
nueva corporación policial civil a cargo de la SSP, con lo que se cumplen los mandatos de la SCJN y la necesidad de contar con una corporación civil. El gobierno federal podrá declarar que han detenido el paulatino proceso de militarización de la seguridad pública, pero tendría, el reto de fortalecer a la GN como corporación policial civil y restructurar la estrategia de seguridad nuevamente a cargo de la SSP, con la amenaza de que el tiempo requerido para este cambio signifique un recrudecimiento en la crisis de seguridad con el aumento raudo de la incidencia delictiva, principalmente de la violencia homicida. Este escenario es el menos probable.
La futura persona que resulte elegida para dirigir al gobierno federal deberá evaluar todos los pros y contras de cada una de las opciones posibles, además de escuchar las palabras de expertos, expertas y actores sociales para poder tomar un camino que nos lleve a buen puerto. Lo que es un hecho, es que urge una forma de detener el ciclo de violencia en el que llevamos años atrapados.