En la actual etapa de transición cuando todo asunto que se mueva en Los Pinos es automáticamente interpretado como si fuera un acuerdo entre CALDERÓN y PEÑA NIETO, oportuno es preguntarnos si la iniciativa laboral enviada por el Ejecutivo goza realmente de este doble aprecio.
El proyecto refleja en buena medida las exigencias de cambio que la clase empresarial ha cabildeado durante décadas a través de dos vías partidistas, tricolor y albiazul.
Sus líneas fundamentales están, por igual, en el ideario de PEÑA NIETO que en los planteamientos panistas.
Por ello resulta comprensible el que buena parte de los “opinólogos” nacionales se hayan ido con la finta pensando que el asunto tendría el visto bueno del nuevo Presidente.
Pero las canijas dudas empiezan a acumularse, en particular cuando reparamos en un detalle de carácter formal.
Resulta que FELIPE mandó su proyecto por la flamante vía rápida hoy conocida como “iniciativa preferente”, lo cuál significa que el legislativo tiene un plazo de un mes para votarla (aprobarla o desecharla).
Dicha modalidad que tanto gusta a CALDERÓN fue establecida para evitar que iniciativas importantes duerman por años y hasta por legislaturas el sueño de los justos, mediante el mexicano carpetazo.
Sin embargo, el que un proyecto lleve el sello de “preferente” no significa que se vaya a aprobar.
Más cuando afecta un campo tan importante dentro de la vida nacional como son las leyes laborales, cuya carga histórica se antoja incuestionable.
Es el amplio universo de las conquistas sindicales consagradas en la Constitución de 1917 y de las cuáles se ufanaron los gobiernos priístas durante 70 años.
Sin olvidar que la iconografía oficial (presente en los discursos del PRI y en los libros de texto gratuito) ponderó la lucha minera en Cananea, Sonora (1906) y la huelga de trabajadores textiles en Río Blanco, Veracruz (1907) como precursoras directas no sólo de la Revolución Mexicana sino de toda la legislación obrera.
Pretender, pues, por la vía del “fast track”, echar por la borda un siglo de historia no es asunto (como dijera CANTINFLAS) de “enchílame otra”.
Resulta (por decir lo menos) insensible esa vehemencia del gobierno saliente para borrar de un plumazo capítulos enteros en la vida de las organizaciones gremiales que merecerían un mayor cuidado.
Por mencionar un caso análogo, cuando CARLOS SALINAS se planteó la necesidad de modernizar la legislación agraria optó por un manejo más esmerado de plazos, conciente de la carga simbólica que tiene el agrarismo para su partido y el país entero.
El asunto en toda su complejidad se discutió ampliamente, se diagnosticó desde distintos enfoques (HUGO ARAUJO debe recordarlo bien) de manera tal que cuando el paquete de iniciativas llegó al legislativo, ya había bastante terreno abonado en la opinión pública nacional.
Muy diferente se presenta hoy la reforma laboral que propone el agonizante gobierno panista.
Y peor todavía cuando se sabe que en el proyecto participó de manera directa el exsecretario de Trabajo y actual senador poblano JAVIER LOZANO ALARCÓN, un recalcitrante enemigo del sindicalismo mexicano (y esto no lo digo yo, se lo acaba de gritar MANUEL BARTLETT en el pleno senatorial).
Existe, pues, la duda, en cuanto a la viabilidad de este proyecto, en los términos y plazos que propone el PAN.
Máxime cuando nos enteramos (a media tarde de este miércoles) que la instancia legislativa directamente involucrada en el asunto (la Comisión de Trabajo y Previsión Social) recayó en un diputado priísta que además pertenece al sector obrero: CARLOS HUMBERTO ACEVES, número dos de la CTM.
Resultaría, pues, una hazaña digna de GUINESS si dicha comisión (que apenas será instalada este viernes 14) pudiera despachar una reforma de tal envergadura en un plazo decididamente corto.
Desde luego habrá dictamen, en atención a su carácter preferente, pero difícilmente será el que esperan los señores CALDERÓN y LOZANO.