En su conceptualización general, las reformas estructurales apuntaron a redefinir el modelo de desarrollo. El método fue el del consenso sobre el sistema de toma de decisiones: agendas legislativas coincidentes en la filosofía del cambio, pero negociaciones paso a paso. El objetivo central era dar el salto cualitativo con la reorganización de temas productivos que se habían atorado en el pasado por razones políticas o de proyectos partidistas. Así, esas reformas apuntaban hacia el primer esfuerzo de reorganización del proyecto nacional desde la primera alternancia presidencial del 2000.
Pero del plato a la boca… se cayó la sopa. Por circunstancias de corto plazo y de grupos beligerantes, las reformas estructurales del modelo de desarrollo se quedaron atrapadas en las pugnas entre facciones dentro del PAN y del PRD. Por tanto, las reformas estructurales se redujeron modificaciones anuales en función de acuerdos primero hacia el interior de los partidos y luego hacia el congreso.
Llamó la atención de que el PRI por primera vez ofreció una voluntad de cambio. Al margen de sus efectos reales en función de otras medidas colaterales, sin problemas internos el PRI modificó sus estatutos para sacar la prohibición de IVA a alimentos y medicinas, un tema que en el 2003 provocó la fractura en el partido y perfiló la salida de Elba Esther Gordillo del tricolor. Con esa decisión el PRI mandó el mensaje de que estaría dispuesto a reformular su proyecto de gobierno en aras de buscar objetivos de mayor largo plazo.
En contraste, el PAN y el PRD se opusieron a esa posibilidad. Pero no lo hicieron en función de un análisis de la viabilidad de las medidas y su efecto en toda la política fiscal sino con el argumento de que afectarían a los más pobres, un tema por cierto de dominación perredista que el PAN compró hoy luego de que con Fox buscó su aplicación en alianza con el PRI. Por tanto, el saldo final de la posibilidad de reforma hacendaria quedó en una política de ingresos anual con impuestos aprobados sólo para tapar hoyos y no para reordenar el diseño mismo de la estrategia de ingresos. Es decir, la expectativa de largo plazo se desechó para regresar a la planeación anual.
Aquí se ha repetido el dato central del debate: el modelo de desarrollo debe aportar bienestar para toda la población. De 1941 a 1982, la economía mexicana creció a un ritmo anual promedio de 6%; de 1982 a 2012, ese promedio se redujo poco más de un tercio: 2.5% promedio anual. Por tanto y con más mexicanos, el crecimiento económico es menor al que daba cuando éramos menos. La conclusión no tiene dobleces: una economía que no aporta bienestar para todos los habitantes es una estrategia de desarrollo que no sirve.
Las limitaciones en el crecimiento de la economía tienen que ver con los acotamientos derivados de las victorias políticas de la clase dirigente priísta. Por ejemplo, el no cobro de IVA a alimentos y medicinas y el no cobro de impuestos a sectores sociales medios y bajos se tomaron como decisiones de bienestar social, pero cuando el Estado podía sustituir –con deuda y déficit controlado– esos ingresos; cuando el Estado entró en una crisis fiscal en la que el gasto era mayor a los ingresos y el déficit catapultó la inflación y afectó la estabilidad cambiaria, los subsidios fiscales se vieron como un lastre económico pero controlados por factores políticos.
Los acotamientos políticos a los cambios estructurales en economía se vieron con claridad en los ochenta, cuando los gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas no pudieron introducir las reformas estructurales del neoliberalismo por la resistencia en el PRI. Lo grave del asunto fue el hecho de que ni siquiera se pudo abrir el debate para analizar si el neoliberalismo era la salida o para encontrar un espacio intermedio; al final, Salinas impuso las reformas por la vía autoritaria y el saldo fue deficiente: México no se reformó ni alcanzó mayores niveles de crecimiento pues mantuvo su tendencia de 2.5%, con la carga negativa brutal de que durante los seis años del gobierno de De la Madrid, en los que Salinas fue el diseñador de las políticas, el país tuvo una tasa de 0% de crecimiento económico.
La alternancia de Fox intento confusamente avanzar en las reformas pero no supo definirlas y menos negociarlas; el sexenio panista de Calderón no tuvo espacio para ir por la reforma del modelo de desarrollo por el acoso de López Obrador, su prioridad de luchar contra el crimen organizado y por la severa crisis del 2008 que hundió al PIB en -5%. Peña Nieto logró concretar un discurso de reformas aunque sin meterse demasiado en la reformulación del proyecto nacional; quizá ahí se puede localizar la falla: convocó a reformas estructurales sin decir que se trataba de refundar la república. De todos modos, sus iniciativas cuando menos reabrieron el debate y fijaron la idea de que habría que rediseñar la república y sus instrumentos de decisión económica.
Sin embargo, el saldo ha sido negativo. Los partidos firmaron el Pacto por México como el espacio para rediseñar el futuro de México, pero el PAN y el PRD no encontraron más camino que subordinar las reformas a los acuerdos internos en sus organizaciones; y ahí el Pacto tuvo que abandonar su idea de reforma del modelo de desarrollo para reducir los acuerdos a las agendas legislativas de cada grupos partidista y sus divisiones a su interior. Los liderazgos de cada partido de oposición vieron su agotamiento en el Pacto y prefirieron mantenerse y no seguir en la tura del cambio estructural.
Al Pacto y a la necesidad de la reforma del proyecto nacional le ha faltado un debate abierto hacia la sociedad; sin embargo, partidos y gobierno federal ha preferido la viabilidad del corto plazo que el esfuerzo del largo plazo. El fracaso en la reforma educativa en cuanto su aplicación real por falta de apoyo partidistas y de gobiernos de los estados y el fracaso en la reforma hacendaria al reducirla a una miscelánea fiscal con aumentos absurdos de algunos impuestos estaría prefigurando la imposibilidad de la gran reforma energética que necesita el país: o hay cambios para potenciar el petróleo o México se quedará con reservas para menos de diez años ante un mercado de consumo en reorganización.
El dilema de México es saber si vamos a seguir creciendo a tasas de 3% máximo anual para no reorganizar el sistema productivo o hay que entrarle a la reforma del proyecto nacional para alcanzar tasas de 6% que se necesitan para atender las necesidades de todos los mexicanos.