El ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba presentó demandas penales en contra de la ex titular de la PGR Marisela Morales, algunos más de sus colaboradores, y luego de ello a través de sus abogados se dijo perseguido sin motivo alguno.
Fue tal el éxito mediático de la primera denuncia que inmediatamente presentó otra más, del mismo corte, y contra otros funcionarios a los que acusó de hostigamiento, de vulnerar sus derechos, de crear un ambiente adverso a su figura, según él, sin prueba alguna de que sea culpable.
La respuesta le llegó a Tomás de donde menos se esperaba, en Estados Unidos presuntamente un juez ordenó la incautación de un condominio, también presuntamente de su propiedad, con valor de 640 mil dólares, y lo exhiben como un lavador de dinero ilícito.
Lo extraño de todo es que la defensa del ex gobernador presume y grita a los cuatro vientos que su cliente ni siquiera ha sido acusado en Estados Unidos de delito alguno, que allá es inocente de cualquier delito, o por lo menos no se le sigue juicio penal.
Parece, la acción de las autoridades estadounidenses, con fines políticos, tratan de obligar al gobierno de México a actuar en contra del ex gobernador, aunque sea, nomás para cubrir apariencias.
Una cosa es verdad, el gobierno de Felipe Calderón actúo de mala fe, dañó la imagen de una persona sin pruebas, lo acusó de narcotraficante, le dijo delincuente, y hasta hoy ni siquiera se han aplicado a detenerlo, dieron a entender, los panistas, que se utilizó con fines políticos el proceso y hasta puede que hayan blindado al ex gobernador por la forma tan sucia como le siguieron la investigación.
Quién sabe si sea culpable o inocente Tomás Yarrington, el caso es que el proceso es una prueba clara de que se requieren reformas legales para lograr abatir la impunidad, para combatir la corrupción, para sancionar a quienes hacen uso político de asuntos tan graves, que dañan a la sociedad pero además golpean la credibilidad de las instituciones.
Será muy interesante ver que hace el gobierno federal al respecto, saber cómo actúa la autoridad, una cosa es segura, pase lo que pase el daño ya está hecho, se deterioró la imagen de una institución y será muy difícil que la gente crea en la legalidad del proceso penal en contra del ex gobernador Tomás Yarrington, resulte lo que resulte, así lo metan 100 años a la cárcel, así lo exoneren de toda culpa.
Hablando de legalidad, Rafael Méndez Salas, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, será el más feliz con la llegada de Santa Clos y sus aguinaldos, resulta que se pagará por el puesto que ocupa como dirigente de los maestros de Tamaulipas, luego por las dos plazas en las que tiene un sueldo de más de 60 mil pesos en cada una, y por si ello fuera poco, también se hará pagar el sueldo que le corresponde a ser presidente del Partido Nueva Alianza en la Entidad.
Desde luego, el dirigente del SNTE nada en la ilegalidad, en forma corrupta se hizo dirigente de la sección 30 ya que todavía era presidente del PANAL y los estatutos se lo impedían, ayer, de acuerdo a información del portallaexpresión.info el secretario del IETAM, confirma que Méndez Salas todavía está registrado como presidente del Partido de Elba Esther y que no hay documento oficial que avale la renuncia que dicen presentó.
Quizá sería bueno que la autoridad en la materia actúe, que los tribunales sancionen lo conducente, pero sobre todo, que los maestros puedan luchar por sus derechos, se quiten esa actitud tan servil que suelen tener los miembros de la sección 30 y busquen destituir a un dirigente que les llegó, al parecer, de manera tramposa.
El postre… Hoy el gobierno del Estado de Egidio Torre Cantú reconocerá el valioso trabajo de los maestros, toda la semana anterior le tocó a los alumnos que recibieron becas y otros estímulos, eso habla de la intención de atender a todos de manera integral, ayudará a conservar a los alumnos en la escuela, ayudará a incentivar a los profesores a que se preparen, pero más ayudará para que en un futuro haya gente de bien, dará seguridad, pues.
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