El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó un acuerdo y resolvieron siete procedimientos sancionadores especiales.
En cuanto hace a los procedimientos sancionadores especiales se resolvieron conforme a lo siguiente:
Fueron declaradas inexistentes las supuestas infracciones atribuidas a Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente Municipal de Reynosa, Tamaulipas, y candidato al mismo cargo por la vía de la reelección; así como a Reynaldo Javier Garza Elizondo, Secretario General del Sindicato Industrial de Trabajadores en Fundición, Operadores, Armadores y demás ramas conexas de Ciudad Reynosa, Tamaulipas y de la Federación de Trabajadores de Reynosa; consistentes en uso indebido de recursos públicos, transgresión a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad, promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental durante la etapa de campaña y coacción al voto.
Los expedientes de tales procedimientos están identificados con las claves PSE-47/2024, PSE-50/2024, PSE-53/2024 y PSE-60/2024.
En el expediente identificado con la clave PSE-73/2024, se resolvió como existentes las infracciones atribuidas al mismo actor político, por el uso indebido de recursos públicos y trasgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, por lo que se le impuso una amonestación pública como sanción, la cual podría aumentar en caso de reincidencia.
En otro punto de la orden del día, se resolvió lo relativo al procedimiento identificado con la clave PSE-52/2024, mediante el cual se declararon como inexistentes las supuestas infracciones por uso indebido de recursos públicos y transgresión a los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad; atribuidas a Omar Hernández Leines; Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, Tamaulipas; Luis Roberto Márquez González, Carlos Tenorio García, Martín Luna Avalos, Abelardo Garcés Reyes, Rubén Herver Zarate, Sergio Valdez Trujillo, Claudia Fernández Pecero y Yara Lizbeth Ochoa Aguilar, servidores y servidoras públicas del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas; y Yolanda Gómez Aguilar, servidora pública adscrita a la Dirección General de la oficina del Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas.
Ramón Mendoza S
Reportero