BROWNSVILLE, TX — El FBI informa que una acusación federal contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado de Tamaulipas, México, ha sido liberada el día de hoy.
La apertura de este juicio fue anunciado por los abogados Kenneth Magidson y Robert L. Pitman, de los distritos sur y oeste de Texas, respectivamente, junto con Janice Ayala, agente especial a cargo, las investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); Javier Peña, agente especial a cargo, Drug Enforcement Administration (DEA); Bernard Butler, actuando de agente especial a cargo, Revenue Service Criminal investigación interna (IRS-CI); y Armando Fernández, agente especial a cargo del FBI.
Tras una investigación que abarcó varios años, la acusación sellada fue devuelta en mayo de 2013 por un gran jurado federal en Brownsville. La denuncia acusa a Yarrington, de 56 años y Fernando Alejandro Cano Martínez de 57, el dueño de una empresa de construcción mexicana, de conspirar para violar las disposiciones del estatuto Racketeer . Los dos hombres también están acusados de conspiración para lavar dinero, conspiración para defraudar y conspiración para hacer declaraciones falsas a los bancos estadounidenses.
Yarrington también por separado está acusado de conspiración para violar las disposiciones de la ley de sustancias controladas, dos cargos de fraude a Bancos y una conspiración para las transacciones monetarias de estructura en una institución financiera doméstica, mientras que Cano por separado está acusado de tres cargos de fraude bancario.
Yarrington sirvió como gobernador de Tamaulipas desde 1999 a 2004. Tamaulipas se encuentra a lo largo de la frontera sur entre Estados Unidos y México directamente al otro lado de Brownsville y Laredo.
Según la acusación, Yarrington desde 1998 aproximadamente, recibió grandes sobornos de importantes narcotraficantes que operan en el estado mexicano de Tamaulipas, incluyendo el cártel del Golfo. A cambio, Yarrington supuestamente les permitió operar libremente y a gran escala, el trasiego de varias toneladas que incluyó el contrabando de grandes cantidades de droga a Estados Unidos para su distribución. Entre 2007 y 2009, Yarrington supuestamente se vio involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz a Estados Unidos.
Yarrington recogió también presuntamente sobornos de operaciones comerciales en México, según la acusación, Cano había operado Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., una empresa de construcción en Tamaulipas que recibieron contratos de obras públicas significativas durante el mandato de Yarrington como gobernador. La acusación alega Cano, a su vez, pago sobornos a Yarrington para incluir la adquisición de bienes inmuebles a su nombres pero para él.
La acusación más alega que Yarrington también recibió el control sobre los fondos públicos robados en la última parte del 2004. Porciones de esos fondos fueron utilizadas presuntamente para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, 300.000 fue transferido a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos supuestamente robados, 5 millones de pesos, fue transferido a Cano en la primavera de 2005, según la acusación.
La acusación iniciada en 1998 aproximadamente, contra Yarrington logró más tarde a incluir a Cano, pues se involucró en la adquisición de activos valiosos en los Estados Unidos, utilizando prestanombres y los de negocios establecidas a partir de 2005 para ocultar la verdadera titularidad de los activos. Los activos incluyen supuestamente cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes raíces en Bexar, Cameron, Hidalgo y los condados de Hays, muchos de los cuales fueron adquiridos mediante préstamos presuntamente fraudulentos de los bancos en Texas. Según la acusación, cuentas bancarias bajo diferentes nombres se utilizaron en bancos de Texas para recibir y desembolsar dinero para llevar los costos de los activos, tales como los costos de préstamos y cuotas de condominio.
La acusación identifica numerosos prestanombres involucradas en el esquema, cada uno de los cuales supuestamente solicitó préstamos fraudulentos miles de millones de dólares en bancos de Texas, que Cano supuestamente garantizaba personalmente. La acusación detalla un total de más de 7 millones en transferencias a las cuentas de Estados Unidos.
Nuevas empresas fueron creadas y utilizadas para solicitar otros préstamos y financiar la compra de otros activos, según la acusación. Numerosas transacciones de moneda supuestamente se realizaron en el First National Bank, con sede en Edinburg, Texas, de una manera estructurada en cantidades en o por debajo de 10.000 para evadir la presentación de informes sobre transacciones de divisas por el banco.
Ni Yarrington ni Cano están bajo la custodia de los Estados Unidos por lo que se mantendrán atentos para su detención. Cualquier persona con información sobre su paradero se le pide que entre en contacto con las agencias de seguridad nacional en 956-542-5811 o pueden llamar desde México al 001-800-010-5237.
Los cargos pueden alcanzar hasta 20 años en prisión, mientras que la conspiración para cometer fraude bancario lleva como castigo posible hasta a 30 años. Los cargos de conspiración de drogas llevan una pena de prisión de al menos 10 años.
La acusación incluye también un aviso de caducidad. Algunos de los bienes identificados en el Acta de acusación ya han sido incautados por los Estados Unidos en las acciones de confiscación civil en el transcurso de la investigación, que incluyen aproximadamente 46 acres en el Condado de Bexar, un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.
La investigación conduce a la acusación ha sido llevado a cabo por el crimen organizado drogas Enforcement Task Force en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York y ha incluido agentes y oficiales con HSI, DEA, FBI, IRS-CI y la Procuraduría General de Texas. El gobierno de Estados Unidos también reconoce con gratitud la ayuda significativa recibida del gobierno de México en el transcurso de esta investigación, incluyendo a través de compartir experiencia y evidencia.
El caso está siendo procesado por asistente de abogados de Estados Unidos Charles Lewis, Julie K. Hampton y Jody Young.
Redaccion: Optimus Informativo
Fuente: U.S. Attorney´s Office. Southern District of Texas
