Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ejercicio de la fe pública en el estado se encuentra bajo un proceso de fiscalización institucional. El Gobierno de Tamaulipas, mediante la Dirección de Notarías, mantiene abiertas 41 investigaciones de carácter administrativo en contra de igual número de notarios públicos distribuidos en diversos municipios de la geografía estatal, derivado de inconformidades promovidas por usuarios de estos servicios.
Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, puntualizó que los expedientes técnicos vigentes corresponden a demarcaciones de todo el territorio —incluyendo ciudades como Nuevo Laredo— y se originaron a partir de señalamientos específicos por demoras excesivas, deficiencias en la integración de escrituras o probables conductas ilícitas en las operaciones jurídicas.
Garantía de audiencia y coordinación penal
El diseño del marco normativo estatal contempla el debido proceso para los fedatarios implicados, quienes son notificados formalmente por la Secretaría General de Gobierno respecto a las anomalías asentadas en las actas de queja. Los servidores públicos cuentan con plazos legales específicos para aportar los elementos probatorios y testimoniales pertinentes que ayuden a desvirtuar las acusaciones.
El funcionario estatal detalló las dos vertientes de resolución que pueden derivar de estos desahogos:
“Si el notario demuestra que la ilegalidad no existió, se emite una resolución donde se establece que no procede la cancelación del Fiat o de la patente”
Sin embargo, en los escenarios donde las conductas analizadas configuren un patrón delictivo o fraude patrimonial, la autoridad administrativa se encuentra obligada a dar vista de manera inmediata a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). Al respecto, se constató que la representación social ya cuenta con carpetas de investigación activas que corren de forma paralela debido a denuncias presentadas directamente por las víctimas de los agravios.
Criterios de resolución y política pública
La Subsecretaría de Legalidad precisó que los expedientes de supervisión no cuentan con una temporalidad estricta o un plazo fijo para el dictado de sus fallos definitivos, ya que la duración de las etapas procesales atiende directamente a la complejidad jurídica del caso y al volumen de promociones o recursos que interpongan tanto los quejosos como las defensas de los profesionales de la fe pública.