MADRID (Agencias).— Los españoles acogieron ayer con descontento y resignación el primer día de la subida del IVA, mientras cientos de personas se manifestaban al entrar también en vigor la ley que cancela a los migrantes indocumentados el derecho a recibir atención médica gratuita, algo que llamaron “apartheid sanitario”.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy subió en tres puntos porcentuales, hasta el 21%, la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de un programa de austeridad que busca recortar el déficit público en 65 mil millones de euros hasta 2014 y evitar que el país pida un rescate internacional total.
El presidente de gobierno insistió ayer en que la medida era necesaria. Al inaugurar un curso político en Soutomaior, Galicia, en el noroeste de España, aseguró que “hay medidas como las subidas de impuestos, que son instrumentos excepcionales para afrontar una coyuntura que es excepcional, que nunca deben volver a repetirse. Cuando las circunstancias nos lo permitan, que espero que no sea muy tarde, volverán a la situación anterior. Tengan la total y absoluta certeza”.
Pero muchos españoles, que ya han visto cómo el país tuvo que solicitar ayuda financiera para sus bancos y donde casi una de cada cuatro personas están desempleadas, temen que el alza al IVA agrave la segunda recesión en tres años.
“Tengo hijos, mi mujer está enferma y no puede trabajar, así que la subida del IVA nos va a afectar muchísimo pero, ¿qué más nos toca? El gobierno da estas medidas y nos toca acatar”, señaló Carlos Asis Alema, al hacer ayer sus compras, en Madrid. Otros mejor prefirieron adelantarlas.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que con la aplicación de la medida tributaria el gasto promedio familiar se incrementaría en 470 euros al año.
Ayer mismo, cientos de personas protestaron en el centro de Madrid contra la anulación de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España. Los manifestantes tacharon la decisión, tomada en abril, de xenófoba.
Desde ayer, los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España y los españoles que nunca trabajaron y tienen ingresos superiores a 100 mil euros (125 mil dólares) al año sólo tendrán atención médica de urgencia gratuita por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, excepto menores de 18 años, que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles. Por el resto, deberán pagar. Organizaciones de médicos han dicho que argumentarán objeción de conciencia para no obedecer el decreto.