Ciudad Victoria.- La Federación de Colegios de Abogados en Tamaulipas demanda a la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) investigue hasta sus últimas consecuencias el presunto “Peculado” por más de 180 millones de pesos cometido en agravio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Juan Carlos Ruiz Delgado presidente de la citada agrupación colegiada dijo es necesario fincar responsabilidad a quien resulte responsable ya que se trata de recursos públicos destinados para la formación de nuevos profesionistas en Tamaulipas y donde tendrán que ser llamados a comparecer a varios ex funcionaros públicos encabezado por el ex Rector Guillermo Mendoza Cavazos.
“La exigencia del gremio de abogados es precisamente que se haga justicia, se investigue y se llegue hasta sus últimas consecuencias ya que se trata de un presunto peculado que puede ascender hasta los 500 millones de pesos” expreso.
Precisamente esta semana pasada la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como contra Gerardo Peña Flores, Jesús Alberto Salazar Anzaldua y el ex rector Guillermo Mendoza Cavazos, por presunto fraude relacionado con el desvío de 180 millones de pesos cifra que pudiera alcanzar los 500 millones de pesos.
“La Federación de Colegios de Abogados pedimos que la Fiscalía indague, investigue y actué conforme a derecho, aun y cuando e trata de ex funcionarios públicos” insistió.
Según lo revelado por el abogado general de la UAT, Dr. José Carlos Mora García, los delitos imputados incluyen ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Se ha establecido que los acusados intentaron justificar el desvío de fondos públicos bajo la apariencia de gastos relacionados con la pandemia, lo que finalmente se tradujo en un daño patrimonial significativo para la universidad.
Los hechos se remontan a un convenio firmado en 2016 entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno Estatal y la UAT, con el objetivo de proporcionar un subsidio a la universidad para sus funciones académicas.
Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2022, se descubrió que el Gobierno del Estado no realizó las aportaciones estipuladas, dejando un faltante de 500 millones de pesos que debían destinarse a la UAT.
Ramón Mendoza S
Reportero
