Fue exhortaado, al Fiscal General de Justicia del Estado, lrving Barrios Mojica, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a este Poder Legislativo si existen investigaciones, denuncias o acciones en curso relacionadas con redes de trata de menores en los cruceros y zonas fronterizas del Estado, y en su caso, se intensifiquen las labores de inteligencia e investigación para erradicar cualquier esquema de explotación infantil.
Eva Reyes González, diputada local de Morena, indica en su exposición de motivos que se ha detectado una presencia inusual y creciente de niñas, niños y adolescentes en situación de calle o realizando actividades de mendicidad.
La importancia de lo anterior radica una problemática de carácter social y humanitario, pero también es innegable pensar en una posible expresión de criminalidad organizada. que vulnera los derechos fundamentales de la infancia y atenta directamente contra su integridad, libertad y dignidad humana.
Actualmente, la UNICEF ha informado que la estadística de menores en situación de calle ha aumentado considerablemente en varias regiones del país, siendo las zonas urbanas y fronterizas las más afectadas, motivo por el cual, considero que este fenómeno además de representar un indicador de rezago social también simboliza una alerta sobre posibles contextos de riesgo para la infancia, entre ellos el reclutamiento forzado, la explotación laboral o sexual, y en particular, la trata de personas.
Ante la presencia repetida y organizada de infantes en condiciones similares, los cuales se encuentran en puntos estratégicos y de alta movilidad vehicular, es un patrón que como representantes sociales no podemos ignorar, ya que además de evidenciar condiciones de vulnerabilidad extrema, podría estar relacionado con redes de trata de personas con fines de explotación infantil.
Ante la posibilidad de que estos casos se encuentren relacionados con esquemas organizados de trata o explotación infantil, se considera prioritario y urgente que las autoridades competentes investiguen, infonnen y, en su caso, intervengan de manera decidida, aplicando todos los mecanismos institucionales y legales disponibles para proteger a las niñas, niños y adolescentes que puedan estar siendo víctimas de estos delitos, concluyó.