Tampico.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que las empresas de transporte público que discriminen a personas con discapacidad o adultos mayores podrían enfrentar multas de hasta 600 mil pesos e, incluso, la clausura definitiva del servicio. Por ello, la instancia exhorta a la población a denunciar situaciones de este tipo.
Manuel Leal Villarreal, director regional de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo, destacó que la Ley Federal de Protección al Consumidor garantiza el derecho a la no discriminación y exige accesibilidad universal en este servicio.
Durante inspecciones en el sector, Profeco ha identificado quejas recurrentes por falta de rampas, unidades inadecuadas y personal no capacitado para atender a usuarios con movilidad limitada.
Leal Villarreal enfatizó que estas omisiones violan el Artículo 58 de la ley, que considera “falta grave” la carencia de infraestructura accesible, con sanciones que van desde 733 pesos hasta los 600 mil pesos.
En Tamaulipas, donde existen alrededor de 16,000 concesiones de transporte público —10,000 solo en la zona sur—, el 30% de las unidades están obsoletas y no cumplen con los requisitos de accesibilidad.
Las autoridades reconocen el desafío que esto representa, pero insisten en que la modernización es urgente para evitar sanciones y garantizar derechos fundamentales.
Profeco inició diálogos con concesionarios para implementar mejoras, como la instalación de rampas y capacitación obligatoria para conductores y personal
Buscamos soluciones prácticas que no interrumpan el servicio, pero la ley no es negociable
Manuel Leal Villarreal, director regional de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo.
La institución llamó a los usuarios a reportar cualquier caso de discriminación o barreras de acceso, ya que las denuncias son clave para activar sanciones.
Además, trabaja con gobiernos estatales y municipales para supervisar el cumplimiento de la normativa y promover la inclusión.
Aunque algunas empresas argumentan costos elevados para adaptar sus unidades, Profeco recalcó que las multas y clausuras son más perjudiciales que las inversiones en accesibilidad.
El transporte público es un servicio esencial y debe ser inclusivo
Manuel Leal Villarreal, director regional de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo
Con esta advertencia, Profeco busca prevenir violaciones a derechos humanos y de consumidores, especialmente en entidades como Tamaulipas, donde el transporte es vital para la movilidad urbana. Las acciones coordinadas entre autoridades, concesionarios y sociedad —afirman— son la ruta para lograr un servicio digno para todos.
Paulo Monsiváis
