La Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas que preside Olivia Lemus, esta dando la opción de presentar denuncias de la ciudadanía usando el internet, para ello pone a disposición masiva un formato donde además de los datos personales el demandante debe poner en que consiste su queja así como las personas involucradas.
Esta modalidad tiene como objetivo que la población que se sienta agraviada debe de manera respetuosa y bajo protesta de decir la verdad, que solicita la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que la queja se a atendida.
Se restalta que toda persona que acude a este Organismo a solicitar su intervención, recibe atención de asesoría y orientación, aun en los asuntos en que lo expuesto no sea competencia de esta Comisión. De conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se brindan los siguientes servicios de manera gratuita:
Asesoría: Cuando de lo planteado por el compareciente, es conocer la situación legal para tener una dimensión jurídica y poder libremente solventar las actuaciones a realizar.
Orientación: Al advertir que de lo expuesto se carece de competencia, se le informa de ello al compareciente y se le sugiere acuda a la institución correspondiente.
Gestoría: A petición del compareciente se emprenden acciones ante las instancias competentes para que se alleguen al conocimiento de lo planteado.
Función protectora y restauradora de derechos humanos: De la recepción e investigación de quejas por acciones u omisiones ilícitas de carácter administrativo atribuible a servidores públicos del ámbito municipal y estatal.
Formato de Queja, proporcionado vía sistema al público en general.
Función conciliadora y mediadora: Este medio procede cuando la naturaleza del a controversia lo permite, se intentará la conciliación entre las partes involucradas y lograr una solución inmediata.
Emisión de Propuestas: Se elaboran estudios en el ámbito administrativo para promover cambios y modificaciones a disposiciones legislativas y reglamentarias, así como a prácticas administrativas para que redunden en una mejor protección a los derechos humanos.
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