LAREDO, Texas.- Apegado a las leyes, con mecanismos e instrumentos legales, Silverio Martínez, abogado y albacea de la familia de Hilda Guerra Villarreal que perdió 17 millones de dólares durante una serie de cateos a sus residencias y negocios de «maquinitas», bajo la sospecha de lavado de dinero, el año pasado, buscará recuperar ese dinero, ahora en posesión del FBI.
Entrevistado al respecto, el jurisconsulto aseguró que las autoridades federales se encuentran considerando que ese dinero es producto de ganancias de los salones de juego, lo cual, aseguró, es incorrecto, porque se trata de un patrimonio familiar, de dinero ahorrado durante toda su vida.
«Ese dinero no proviene de negocios ilegales, es el fruto del trabajo esforzado y honrado de toda una familia y también de una herencia de la viuda», dijo el abogado.
Como se recordará, Hilda Guerra Villarreal y sus hijos Rebecca Villarrea López y Raúl René Villarreal, fueron objeto de cateos por parte de una fuerza multi.policiaca en los poblados de Zapata y Falcón en enero del año pasado, confiscando 1,7 millones de dólares además de joyas, dinero que les fue devuelto a Silverio Martínez como su representante legal, no sin antes haber logrado un fallo a su favor por parte de la Cuarta Corte de Apelaciones en San Antonio, Texas, que coincidió con la resolución judicial emitida previamente por la juez presidiendo la Corte 49 de Distrito, Susan Reed.
Pero el 25 de enero, agentes especiales del FBI le requirieron a Martínez el cheque por ese monto, quedando en calidad de confiscado, por considerarlo como dinero proviniente de los salones de juego ilegales.
Silverio Martínez asegura que el FBI está actuando fuera de su jurisdicción, ni ha comprobado nada ilegal como para apropiarse del dinero, sin base legal, al grado que no se le entregó ninguna notificación por escrito –affidavit–, estipulando las causas judiciales.»Vivimos un sistema judicial injusto, fue un robo lo que hicieron (los del FBI), porque pueden hacerlo»,aseguró Martínez, quien agregó que ahora el gobierno federal tiene 60 días para confirmar sus sospechas, de lo contrario tendrá que regresar el dinero.
