El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas para trasladar de la Secretaría de Comunicaciones a la Secretaría de Marina el control administrativo y la seguridad de los puertos, pese a los señalamientos de las bancadas opositoras sobre la militarización de esas instalaciones.
Avalado con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Gobernación niega, sin embargo, un intento de militarizar los puertos del país, al subrayar que las atribuciones ejercidas por la Secretaria de Comunicaciones se trasladarán a la Secretaría de Marina, como entidad administrativa, y no a la Armada de México, como institución castrense.
El proyecto de reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y de Puertos fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Desde la tribuna , la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, alertó sobre la ampliación de las facultades de las instituciones militares a diversos ámbitos de la administración federal.
“No se equivoquen aprobando una reforma que a todas luces es inconstitucional, que sin duda tendremos que llevarla a la Suprema Corte de Justicia para que ella determine la constitucionalidad, pero, lo que es más grave, no permitamos que se dé un paso más en la militarización de este país”, advirtió desde la tribuna.
Por el PAN, la legisladora Verónica Sobrado afirmó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido saturar de funciones a las fuerzas armadas, dándoles tareas de seguridad pública, de obra civil, de construcción, de administración, lo cual implica a su juicio una abierta y franca vulneración constitucional y un despropósito logístico.
“El jefe del Ejecutivo ha emprendido una escalada militarizadora en diversas áreas del gobierno federal y de la función pública. Los diputados federales de Acción Nacional advertimos que la militarización debe ser la excepción, sin embargo, el gobierno federal y el grupo parlamentario mayoritario, lo están convirtiendo en regla”, acusó.
De acuerdo con el dictamen aprobado por el pleno cameral, “no existe una finalidad expresa o tácita de militarizar los puertos, sino de dar certeza sobre la autoridad que tiene competencia y facultades en materia portuaria”, subraya.
Rechaza por ello una violación al artículo 129 constitucional, donde se establece que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.