El ataque del cártel Jalisco-Nueva Generación contra fuerzas federales formó parte de una ofensiva del crimen organizado contra el Estado. La respuesta, siguiendo las leyes de la física, tendrá que ser de la misma intensidad en sentido contrario.
Pero el problema más importante de la lucha contra el crimen organizado en Jalisco y zonas aledañas del Pacífico radica en el hecho de que no se trata sólo de organizaciones criminales, sino de sus aliados dentro de la sociedad civil, la sociedad política y la sociedad urbana.
De ahí que no van a tardar en conocerse los aliados sociales y políticos internos del grupo criminal y por tanto los cómplices de los responsables de los ataques y asesinatos de funcionarios y fuerzas de seguridad estatales y federales.
El general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda los caracterizó en la ceremonia de recuerdo de la batalla del 5 de mayo de 1862 contra el invasor francés: “cobardes delincuentes”, “apátridas” que envenenan a lo más valioso que tiene el país: sus niños y jóvenes.
El trasfondo del mensaje del jefe operativo del ejército recordó la oración fúnebre de Pericles a las viudas de la guerra del Peloponeso: la lucha es por el orden democrático, aún contra sectores sociales populares que se han aliado con los delincuentes, ya sea por la comodidad del ingreso creciente o por la necesidad provocada por la crisis.
En este sentido, las bandas del crimen organizado llegaron al punto de quiebre fundamental: ya no luchan por sobrevivir en algunos espacios colaterales del Estado pero sin afectar al Estado; ahora, como se ha visto en Guerrero y Michoacán y ahora en Jalisco, buscan sustituir al Estado como el eje de la convivencia social. Es decir, la disputa es por el poder hegemónico en espacios territoriales específicos. El ataque criminal contra un helicóptero de las fuerzas armadas fue el rebasamiento de la línea de confrontación y el establecimiento de los espacios de lucha.
El cártel J-NG ya no se movió en los resquicios de la legalidad-ilegalidad y Estado-sociedad sino que fijó al Estado y a sus fuerzas de seguridad como el adversario. Por tanto, la respuesta institucional tendrá que combatir a un grupo que quiere desplazar al Estado y crear una zona de control criminal que pronto podría inclusive invocar su espacio de “fuerza beligerante” reconocida por la ONU y por el derecho internacional. Es decir, el cártel J-NG planteó el escenario colombiano de las FARC controlando absolutamente especio territorial.
Fue muy significativo que el mensajero de la convocatoria a la unidad nacional y a la lucha renovada contra el crimen organizado haya sido el jefe operativo del ejército; en su mensaje, el general secretario Cienfuegos Zepeda convocó a evitar que los criminales se mezclen con la sociedad, recalcó la urgencia de una unidad nacional contra la criminalidad y dejó en claro que el país se está jugando el futuro.
Pero la lucha no debe ser sólo de las fuerzas armadas; en lo territorial, el ejército y la marina han recuperado territorio del Estado en manos de criminales; lo que falta es la acción política y social del Estado y de sus instituciones al lado de organizaciones sociales reconstruidas. Lo más dramático de la crisis de seguridad no fue la respuesta violenta de los delincuentes contra una acción legal del Estado, sino el hecho de que el crimen organizado se asentó en espacios de la república con la anuencia de la sociedad.
Por tanto, debe reconocerse la existencia de una parte de la sociedad ya comprometida con el crimen organizado en todas las entidades de la república. Guadalajara ha mostrado, exponencialmente hablando, cómo los criminales no pueden existir sin la complicidad de la sociedad. Y esa sociedad tendrá que pagar las consecuencias de sus actos.
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