Alejandro de Anda
LO CLARO. Con el objetivo de proteger la autenticidad de la Miel de Azahar de la Región Citrícola, la Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, el Gobierno del Estado y representantes del sector apícola, instaló la mesa de trabajo para impulsar la obtención de la Indicación Geográfica Protegida IGP de este producto agroalimentario emblemático de la entidad.
La iniciativa busca otorgar protección jurídica al producto, combatir la competencia desleal y la comercialización de imitaciones, además de generar mayores oportunidades de acceso a mercados nacionales e internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa, donde los productos con distintivos de origen cuentan con alto reconocimiento y valor agregado.
La relevancia de este proyecto encuentra sustento en que Tamaulipas alberga una de las regiones citrícolas más importantes de México, con extensas zonas de producción de naranja, toronja y mandarina en municipios como Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo, Llera y González, cuya abundante floración da origen a una miel con características únicas de aroma, sabor y calidad.
La protección de este producto fortalecerá la competitividad de los apicultores, y contribuirá a preservar una actividad productiva que durante décadas ha formado parte del patrimonio económico, agrícola y cultural de la entidad.
LO OSCURO. México tiene una peculiar manera de medir la responsabilidad.
Para orientar profesionalmente a una familia vulnerable suelen pedir licenciatura, servicio social, prácticas profesionales y cédula. Para impartir clases, la dirección de profesiones demanda requisitos académicos. Para firmar una receta médica hacen falta años de universidad. Para diseñar un puente se exige ingeniería. Para representar jurídicamente a un ciudadano se requiere un título profesional.
La lógica no deja lugar a dudas. Eso es un criterio incuestionable. Quien influye sobre la vida de una persona debe demostrar preparación.
Pero nadie se habría fijado en la mejor de las profesiones… la política.
La misma República que exige estudios para orientar a una familia, permite participar en la elaboración de leyes, presupuestos y políticas públicas que afectan a más de 135 millones de mexicanos sin exigir una sola materia aprobada de economía, finanzas públicas, administración gubernamental, derecho constitucional o estadística.
Lo más odioso del asunto, es que siempre abundan los ejemplos.
Silvia Pinal llegó al Senado después de conquistar la historia del cine mexicano. Carmen Salinas ocupó una curul federal tras una vida entera sobre
los escenarios. Sergio Mayer transitó de los reflectores a San Lázaro. Cuauhtémoc Blanco pasó de las canchas de fútbol al gobierno de Morelos y posteriormente al Congreso de la Unión. Lilly Téllez llegó al Senado desde la televisión y los medios de comunicación. Vicente Fox alcanzó la Presidencia de la República después de obtener formalmente su título profesional décadas después de haber iniciado una carrera política que ya lo había convertido en gobernador. Fausto Alzati encabezó la Secretaría de Educación Pública en medio de una polémica nacional relacionada con sus credenciales académicas.
Este análisis jamás pretende cuestionar la inteligencia de ninguno de ellos. Tampoco su derecho democrático a participar en la vida pública. El asunto es otro.
La República exige conocimientos para administrar una oficina de trabajo social; exige preparación pertinente demostrada con ciclos escolares para construir un edificio; credenciales probas para ejercer medicina; cartas de años de estudios para impartir una clase.
Pero, para intervenir en la elaboración de leyes que regulan la vida de 135 millones de personas, los requisitos académicos desaparecen por completo.
Las cifras resultan todavía más inquietantes de lo que ya parecen.
Diversos análisis de legislaturas federales han encontrado que alrededor de 46 por ciento de los diputados carecen de título profesional acreditado o cédula profesional registrada.
En otras palabras, cerca de la mitad del órgano encargado de discutir presupuestos multimillonarios, reformas constitucionales, política energética, seguridad pública, salud, justicia y relaciones internacionales por lo general está integrado por personas cuya formación profesional resulta inexistente, incompleta o imposible de verificar públicamente.
¿Y entonces?
¿Qué preparación mínima debería poseer quien vota un presupuesto superior a nueve billones de pesos? ¿Qué conocimientos debería acreditar quien decide sobre la deuda pública nacional?
¿Qué herramientas técnicas debería demostrar quien legisla sobre inteligencia artificial, mercados financieros, energía, salud o seguridad nacional?
En 1917 -cuando nació la Constitución mexicana-, el país tenía alrededor de 15 millones de habitantes. La economía era predominantemente agrícola. El gobierno federal administraba una realidad incomparablemente más simple.
Hoy México supera los 135 millones de habitantes. Forma parte de ¡las veinte economías más grandes del planeta! Participa en tratados internacionales complejos. Enfrenta desafíos tecnológicos, energéticos, financieros y de seguridad que exigen capacidades técnicas cada vez mayores.
La complejidad del país se multiplicó varias veces.
Los requisitos para gobernarlo permanecieron intactos.
Quizá la democracia tenga razón. Con suficiente carisma, equivale a una maestría en administración pública. Con una campaña electoral puede producir especialistas magistrales en finanzas públicas.
Quizá los mítines otorguen conocimientos avanzados de derecho constitucional. Y, por ende, los aplausos sustituyan años de estudio.
En México, para participar en la conducción de una nación basta una credencial de elector, una buena fotografía de campaña y la capacidad de convencer multitudes durante noventa días.
Al parecer, un médico (con licencia de ejercicio obtenida por diez a quince años de preparación) corre el riesgo de afectar a unas cuantas personas… un legislador (INE en mano) apenas corre el riesgo de afectar a todo un país.
COLOFÓN: Si usted tiene una bolita que le sube y le baja… anótese al Congreso de la Unión. Es elegible.
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@deandaalejandro
