México, Unión Europea,
derechos humanos y clausula democrática
Carlos Ramírez
La globalización económica de México, primero hacia los EE. UU. y Canadá y luego hacia Europa, requirió de una modernización política limitada, pero con alcances superiores a las condiciones de autoritarismo prevaleciente por la “dictadura perfecta” del PRI por su grado de consenso social. Uno de los temas exigidos por la Union Europea fue el respeto garantizado a los derechos humanos.
Ahí, en esa lógica de apertura política al exterior, nació en 1992 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, al comenzar los noventa, padecía un autoritarismo oficial sin contrapesos. El grado de represión política aparejaba a México con algunas dictaduras comunistas. En este sentido, la CNDH fue una ínsula de control del autoritarismo y de defensa de los derechos constitucionales políticos y sociales de los mexicanos.
A lo largo de 27 años se vivió, cuando menos, una represión decreciente. Con avances y retrocesos, la CNDH puso un limite a los abusos. La dirección de ese organismo era aprobada por el Senado plural, a propuestas del presidente de la república. Había tres condiciones: ninguna militancia política, ningún cargo público previo y capacidad para denunciar y exigir castigos a los funcionarios abusivos.
Uno de los grandes avances de la CNDH fue acotar el uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad. Y de manera directa, el ejército mexicano catapultó las quejas de la Comisión contra presuntos abusos en la creación de una Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional, al mismo tiempo estructura burocrática del gobierno central y estructura de funcionamiento del ejército.
Todos estos avances acaban de demolerse con la designación de María del Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la CNDH. La razón es de sobra conocida; aunque ella es hija de la legendaria activista Rosario Ibarra de Piedra que desde 1973 ha luchado contra el Estado por el secuestro, tortura y desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra y por tanto la persona que hizo visible el problema de la represión política criminal del Estado contra los disidentes. Jesús fue miembro de la guerrillera Liga Comunista 23 de Septiembre que en 1973 intentó secuestrar al gran jefe patronal Eugenio Garza Sada y en la trifulca una bala mató al empresario. La guerrilla fue una expresión violenta de la falta de libertades políticas. Se puede condenar el acto de agresión, pero no el manotazo criminal del Estado.
A la vertiente familiar que ha hecho simbolizar la lucha contra el autoritarismo priísta, ahora, sin embargo, se designa a una persona con militancia en el partido en el poder, una restricción estricta en las leyes. El problema que se percibe sería el mismo de los tiempos del PRI: un vigilante parcial de los derechos humanos, afín al partido en el gobierno. Y en los años del PRI y del PAN, ahora en el año de gobierno de Morena se siguen acumulando denuncias de violaciones de derechos humanos por instituciones y funcionarios de gobierno.
A pesar del mensaje que significa la hija de una activista por los derechos humanos, queda en el fondo la preocupación de que la CNDH no va a operar como la denunciante de los abusos de poder. Por ejemplo, a ese organismo se dirigieron las protestas de sectores sociales afectados por recortes presupuestales del gobierno de López Obrador, pues dejaban en la desprotección de salud a niños, enfermos terminales y ciudadanos sin recursos para medicinas.
Y el caso más grave fue el que inició la gestión de Piedra Ibarra como nueva presidenta de la CNDH: a lo largo de los años 2000-2018, más de 200 periodistas y activistas de derechos humanos han sido asesinados y sus crímenes no se han investigado. La CNDH abrió una oficina especial para recibir, analizar y exigir al Estado la defensa de periodistas y activistas. Y en el año de gobierno de López Obrador, cuando menos una docena de periodistas han sido asesinados y decenas salieron de sus comunidades ante amenazas de muerte. Y al preguntarle a Piedra Ibarra sobre este problema, su respuesta dejó helados a los periodistas que la entrevistaban: “¿han asesinado periodistas?”
En estos días la Secretaría de Relaciones Exteriores de México hace gestiones para renovar acuerdos con la Union Europea; uno de esos acuerdos es la cláusula democrática que exige a los países defender los derechos humanos y las garantías políticas. El saldo del acuerdo de mediados de los noventa en materia de derechos humanos ha sido negativo, por lo que es de esperarse que la Union Europea ponga atención en lo que está ocurriendo con la CNDH. Los principales organismos internacionales observadores de derechos humanos han alertado no la historia familia de represión de la nueva presidenta de la CNDH, sino su militancia en el partido en el poder.
El presidente López Obrador padeció durante sus años de disidencia la violación de sus derechos humanos y sus decisiones hasta ahora han ido contra la estructura autoritaria sobreviviente del viejo régimen del PRI. Pero la CNDH puede ser un emblema negativo de su gobierno: la nueva presidenta carece de experiencia como funcionaria, depende del partido en el poder y la vertiente materna no le garantiza salir a defender con energía los abusos de las estructuras autoritarias, ahora de manera sobresaliente de la burocracia que desdeña a los ciudadanos en la prestación de servicios y de los efectos negativos de la estrategia de seguridad que sigue acumulando víctimas colaterales en sus enfrentamientos con bandas criminales.
La nueva fase de desmantelamiento de estructuras del régimen del PRI exige mantener las oficinas que sirven a los ciudadanos para protegerse de los abusos autoritarios del Estado, uno de los ejes de dominación del PRI.
@carlosramirezh