C R O N I C A S P O L I T I C A S
Por Alberto Guerra Salazar
CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Es una lástima que el prestigio y buena fama del abogado Abelardo Perales Meléndez quede en entredicho por avalar el trabajo sucio del gobierno estatal, panista, en materia de reformas al código penal, pues incurre el decreto en inconstitucionalidad y exhibe una intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión.
Perales Meléndez, un profesionista serio y respetable del Derecho, ocupa el cargo de jefe o consejero de servicios jurídicos del gobierno estatal, panista, y debió estar enterado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había “tumbado” la misma reforma en Michoacán y Chiapas en el año 2014, y también en la Ciudad de México, en 2016.
En todos los casos, los Ministros sentenciaron, por unanimidad de votos, que los decretos respectivos eran improcedentes, anti-constitucionales, ambiguos, incompatibles y limitaban el trabajo de los periodistas. No se acepta la previa censura.
A mayor abundamiento, la Corte dejó establecido que es contrario a la Carta Magna, encarcelar a personas que obtengan y difundan datos de localización, actividades y operativos de fuerzas armadas y de la policía.
Ese precepto fue declarado inválido por no cumplir con derechos de legalidad y seguridad jurídica, además de violar los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.
En la sentencia del caso Michoacán (9/2014), la Suprema Corte utilizó 87 páginas para desahogar las consideraciones que fundamentan la inconstitucionalidad del decreto, especialmente cuando observa que es imprecisa la descripción de los delitos y porque deja abierta la posibilidad de castigar actividades lícitas de los periodistas.
La iniciativa de ley enviada al Congreso local de Tamaulipas por el jefe del poder ejecutivo, acusa malicia y mala leche pues mezcló paridas con preñadas, al añadir sin venir al caso, el delito de ultraje a la autoridad, que no tiene nada que ver con halconeo, poncha-llantas ni nada que se le parezca.
El nuevo código penal de Tamaulipas hace esta definición:
ARTICULO 189.- Se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o
toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o
contra instituciones públicas que pueda implicar ofensa o desprecio.
El gobierno de la Ciudad de México topó con pared el año pasado, cuando pretendió endurecer esta disposición y la Asamblea Legislativa le autorizó encarcelar hasta con dos años de cárcel a las personas que incurrieran en “ultraje a la autoridad”.
Pero en el caso de la Ciudad de México, gobernada por el PRD, cuando menos se sinceraron pues reconocieron que la medida estaba dedicada a los participantes en mítines, manifestaciones, plantones, desfiles, asambleas, y todo tipo de reuniones masivas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación les echó abajo la pretensión, y la multa chilanga, vigente desde 2012, sigue siendo de 90 a 180 días de semi-libertad.
Abelardo Perales Meléndez quiso defender la bondad de esta reforma penal con una declaración publicada el sábado en El Mercurio de Tamaulipas, pero resultó contraproducente pues confirmó que su opinión es que se incurre en ultraje “cuando un funcionario va por la calle y lo empiezan a insultar, a decirle calificativos que lo ofendan en su honor”.
También el vocero gubernamental Luis Alberto Rodríguez Juárez hizo una defensa de la reforma penal pero al estilo Chimoltrufia, pues dijo que no se comete delito al informar de una SDR (situación de riesgo), pero siempre y cuando lo haga después de ocurrido el evento.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino en los casos de Michoacán y Chiapas a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por considerar que se atacaban derechos de particulares, especialmente de los periodistas.
En Tamaulipas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos finge demencia pues no se da por enterada de la agresión de los poderes ejecutivo y legislativo contra la sociedad, seguramente porque su titular no quiere hacerlos enojar y negarle por ello la ratificación en el cargo.
Pobre ingenuo, como quiera lo van a correr.
Una buena noticia es que Reynosa tiene un respiro de alivio luego de que Ciudad Victoria no renuncia a asfixiarla; de un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a la ciudad fronteriza a una nueva remesa de soldados, para que intensifiquen los trabajos de vigilancia.
Y por el otro lado, el diputado federal Edgar Melhem Salinas avisó que ya se publicó en el periódico oficial la autorización para que se liberen los recursos del Fondo Fronterizo, para desparramar casi cien millones de pesos entre diez municipios tamaulipecos.
Reynosa tendrá 31.8 millones de pesos de este pastel fiscal y le sigue Matamoros, con una bolsa de 27.6 millones de pesos. Río Bravo recibirá un beneficio por 8.7 millones de pesos, para obras sociales, preferentemente agua, drenaje y electrificación.
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