Una precandidatura presidencial diseñada con precisión podría estar naufragando en Puebla por la represión brutal de policías con balas de goma a población civil por una protesta por cambios en registro civil municipal.
El asunto era local hasta que una fallida política de su nueva estrategia de comunicación y un descuido político del gobernador Rafael Moreno Valle ha llevado ya la crisis en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan a la atención nacional. El mandatario estatal perdió el control de la crisis.
El asunto político es de fondo y de largo plazo. Moreno Valle ya había iniciado su proceso de búsqueda de la candidatura presidencial para el 2018 con un manejo hábil de la política en los primeros tres años de su sexenio, pero la crisis en Chalchihuapan ya contaminó su carrera.
Y de paso, también afectó la alianza PAN-PRD en Puebla: Moreno Valle se hizo del control del PAN en el estado y jugó un papel importante para lograr la victoria de Gustavo Madero en el estado en la votación de presidente del partido y colocó a su secretario de Gobierno Luis Maldonado –proveniente del Panal– dentro del PRD. Ahora PAN y PRD aparecen como los corresponsables de la violencia contra población civil.
El director del periódico Cambio de Puebla (www.diariocambio.com.mx), Arturo Rueda, ha hecho un seguimiento crítico de la crisis: “el problema no sólo fue que dispararon los policías estatales a los habitantes de Chalchihuapan sino cómo lo hicieron”; el diario publicó fotografías dramáticas de ciudadanos perforados por las balas de goma, entre ellos la del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo que quedará con lesiones cerebrales, parálisis, pérdida del habla.
Así, la alianza PAN-PRD tendrás que rendir cuentas de la represión que se deriva de la llamada #LeyBala que aprobó el gobernador Moreno Valle y que implica el uso de la fuerza policiaca contra población civil en situaciones de protesta. La oposición a esa ley no había salido del estado pero con la represión y los desplegados en prensa nacional ya atrajo la atención de organismos defensores de derechos humanos.
El punto político sensible del caso es que involucra justamente a la alianza del PAN con el PRD y sobre todo por la corresponsabilidad del PRD en una acción de criminalización violenta de la protesta social. El asunto era menor pero creció por la decisión autoritaria de quitarle a municipios el registro civil y cerrar por breve tiempo esas oficinas. Poblaciones han salido a protestar a la calle. Al final, la #LeyBala ya involucra al PAN y al PRD a nivel nacional. En la Permanente ayer el PRD protestó sin reconocer que el secretario de gobierno Maldonado es perredista.
Y localmente existen indicios de una operación política de endurecimiento contra la protesta social. El gobernador Moreno Valle se llevó a Puebla a Facundo Rosas Rosas, ex subsecretario de Seguridad Pública federal e involucrado en el caso Ayotzinapa, en la Autopista del Sol, que terminó con represión. El columnista Arturo Rueda señala que el caso Chalchihuapan, por la violencia, la violación de derechos humanos, el abuso de fuerza de la policía y el uso de balas de goma sin técnica, cocina en Puebla “un Aguas Blancas o un Atenco”.
La crisis política se agravó por la respuesta oficial estatal que responsabilizó de la violencia a la población civil: el secretario de gobierno Luis Maldonado señaló que la policía respondió a pobladores que “iban preparados con diversos objetos contundentes tales como bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre”.
El asunto no sería sino un caso más de endurecimiento si no fuera por la precandidatura presidencial panista del gobernador Moreno Valle y la militancia en el PRD del secretario de gobierno Luis Maldonado.