Alejandro de Anda
LO CLARO. El reconocimiento al papel de las madres dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fortalece una visión más humana y cercana en la educación, donde el bienestar familiar también se convierte en una herramienta para formar mejores estudiantes y ciudadanos.
Este tipo de acciones contribuyen a generar entornos más solidarios, comprometidos y estables dentro de la comunidad universitaria, impactando de manera positiva en la formación académica, emocional y social de miles de jóvenes tamaulipecos, además de reforzar el vínculo entre la institución y la sociedad a la que sirve.
El auténtico pilar de la sociedad mexicana.
LO OSCURO. La discusión sobre la llamada “Ley Valeria” dejó hace tiempo de ser un asunto estrictamente jurídico. México la convirtió en otra batalla cultural.
De un lado, colectivos feministas exigiendo mecanismos más severos para castigar el acecho, el hostigamiento y la violencia contra las mujeres.
Del otro, un creciente sector masculino que comienza a percibir que la simple interacción cotidiana puede derivar en una denuncia, un linchamiento digital o incluso una investigación penal. Y entre ambos extremos, un país donde la desconfianza social avanza más rápido que las propias leyes.
La reforma que popularmente se conoce como “Ley Valeria” surgió en Nuevo León tras el caso de Valeria Macías, una mujer que denunció durante años ser víctima de persecución obsesiva, vigilancia y hostigamiento constante sin que existiera una figura penal clara para actuar. El planteamiento jurídico era tipificar el acecho reiterado como delito.
El problema vino después, cuando las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer… convertir un tema complejo en una guerra emocional mediática.
México arrastra cifras suficientemente graves como para entender por qué surgieron estas reformas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó durante años centenares de feminicidios y miles de denuncias relacionadas con violencia familiar y delitos sexuales.
Tan sólo en 2025 las fiscalías estatales acumularon decenas de miles de carpetas vinculadas con violencia contra mujeres. El fenómeno existe, es real y tiene dimensiones alarmantes. Pero al mismo tiempo, el debate comenzó a contaminarse cuando aparecieron casos donde las acusaciones terminaron cuestionadas o judicializadas en sentido contrario.
El caso de Karina Barrón explotó políticamente. La exdiputada y funcionaria fue detenida tras una denuncia promovida por el senador morenista Waldo
Fernández, quien sostuvo que existía una fabricación de acusaciones en su contra.
La Fiscalía abrió investigaciones por presunta falsedad de declaraciones y otros posibles delitos. Independientemente de la resolución final del expediente, el impacto mediático fue inmediato. Para miles de usuarios en redes sociales el caso se convirtió en “la prueba” de que una denuncia también puede destruir carreras, reputaciones y libertades cuando existe dolo o manipulación.
Y esa percepción tiene consecuencias.
En Estados Unidos ya existe desde hace años lo que algunos llaman la “Mike Pence Rule” hombres que evitan quedarse solos con mujeres en oficinas o reuniones para reducir riesgos reputacionales.
En Corea del Sur surgieron movimientos masculinos organizados contra políticas de género. España vive desde hace tiempo debates similares alrededor de sus leyes de violencia de género. México simplemente llegó tarde a una discusión global que mezcla política, resentimiento social y algoritmos digitales.
Porque el problema ya no está solamente en las leyes.
Está en la percepción colectiva.
En una sociedad donde un sector siente que denunciar sigue siendo inútil y peligroso, mientras otro comienza a sentir que defenderse puede resultar imposible frente al tribunal de las redes sociales. Las instituciones quedaron atrapadas entre ambos extremos.
Las cifras muestran que la inmensa mayoría de las mujeres jamás denunciará falsamente a nadie. También muestran que la violencia contra ellas sigue siendo un problema estructural en México.
Pero internet jamás ha funcionado con estadísticas; funciona con miedo.
Un caso viral vale más que diez mil expedientes silenciosos. Y cada video, o cada captura de pantalla terminan moldeando más la opinión pública que cualquier sentencia judicial.
Una sociedad sana necesita confianza mínima para convivir. Cuando hombres y mujeres empiezan a calcular riesgos antes de interactuar, ayudar o incluso conversar, algo mucho más profundo comienza a fracturarse.
Porque el día que una nación necesita abogados antes que empatía para relacionarse, probablemente el problema ya dejó de estar en las leyes…
Eso ya es psiquiátrico.
COLOFÓN: Ahora ayudar a quien lo necesita, también da miedo.
Hace falta que volvamos a hacer las paces… mujeres y hombres.
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@deandaalejandro
