Entre 2012 y 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 2 billones 240 mil millones de pesos por concepto de créditos fiscales, que resultaron incobrables o incosteables.
En el tercer informe parcial de resultados de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) explicó que los impuestos no pagados por los contribuyentes se convierten en créditos fiscales, que deberán ser cubiertos o garantizados. Algunos de éstos son pagados y otros se dan de baja de manera definitiva, ya sea porque el SAT no realiza las gestiones de cobro, aun cuando no se realice el pago correspondiente, precisamente por incobrabilidad, o porque el costo de exigirlos resulta más caro que el propio crédito.
El total a recabar era de $3 billones 352 mil millones.
El documento entregado ayer a la Cámara de Diputados precisa que de 2012 a 2017, la cartera acumulada de créditos fiscales ascendió a 3 billones 352 mil millones de pesos, y que en total el SAT sólo cobró un billón 111 mil 458 millones de pesos.
En 2017, las bajas definitivas de los créditos fiscales por parte del SAT ascendieron a 365 mil 139 millones de pesos. p
De ese monto, el organismo únicamente obtuvo el pago de 34 mil 239 millones de pesos por parte de los contribuyentes, esto es, sólo 9.4 por ciento, y el restante no fue recuperado, principalmente por incobrabilidad.
La mayor parte de los créditos no cobrados fue responsabilidad del SAT. Eso es, de los 365 mil 139 millones de pesos no recuperados, 217 mil 527 millones de pesos correspondieron a 136 mil 148 créditos centralizados a esa oficina.
El resto correspondió a entidades distintas al SAT: un juzgado de distrito, la Policía Federal, a las coordinaciones estatales del Distrito Federal, Sonora, Guanajuato, Jalisco y Puebla, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Sesenta por ciento de los créditos se determinó como incobrable, por insolvencia, el alto número de multas que resulta incosteable cobrar, e incluso por la imposibilidad de identificar y ubicar al deudor.
La Jornada
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