El gobierno del Estado reconoce que está en bancarrota y lo mejor que se le ocurrió hacer para ahorrar dinero, es ir achicando su estructura en las diferentes ramas. Este día, dos magistrados estatales electorales serán dados de baja.
Desde la semana anterior, comisiones legislativas aprobaron por unanimidad de votos, reducir el número de magistrados electorales, de 5, a 3, y este día, el pleno de diputados locales confirmará las bajas.
Se van Edy Izaguirre Treviño y María Concepción Reyes Reyes, aunque no tendrán motivo de queja pues simplemente termina en noviembre su ciclo laboral y recibirán las prestaciones de salida que contempla la ley.
Se quedan los magistrados electorales Blanca Eladia Hernández Rojas, Edgar Danés Rojas (sin parentesco) y Marcia Laura Garza Robles.
Los magistrados salientes cobran poco más de 136 mil pesos mensuales.
La prueba de la quiebra gubernamental, es que se suspendió desde hace meses el pago de becas escolares, los profesores de escuelas de tiempo completo no han recibido sus salarios desde hace varias quincenas y se congelaron desde hace más de seis meses, los cheques por servicios de prensa y propaganda.
La propuesta de suprimir dos plazas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Tamaulipas la hizo el diputado local Arturo Soto Alemán, El Recaudador, por instrucciones de su jefe Francisco García Cabeza de Vaca.
Soto recibió la instrucción de revisar cuáles otras estructuras del gobierno pueden ser aligeradas de carga económica. Ahora se le conoce, por ello, como El Exterminador.
En el arranque del gobierno estatal, panista, en 2016, Arturo instrumentó una depuración de la nómina estatal, mediante la cual despidieron a alrededor de cinco mil burócratas.
El Tribunal Electoral tiene un presupuesto anual de 50 millones de pesos, en números cerrados. Seguramente emprenderán más adelante, otras medidas para despedir a más funcionarios y empleados.
Con esta visión de ahorros, correrían el riesgo de desmantelamiento otros organismos oficiales caracterizados por los pocos resultados, como por ejemplo El Colegio de Tamaulipas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, ITAIT; el Tribunal de Justicia Administrativa, que juntos gastan al año, más de 59 millones de pesos.
El gobierno estatal, panista, se maneja con una mentalidad pragmática, en el sentido de usar los recursos económicos en asuntos rentables, convenientes, prácticos. Si la epidemia Covid-19 trastoca las actividades cotidianas, ¿para qué gastar en educación si no hay clases presenciales, o en deporte, en cultura?
De allí que dejarían de ser atractivos el gasto dispuesto para El Colegio de Tamaulipas, especializado en la investigación científica y la educación aunque venido a menos porque cayó en manos de burócratas.
Tampoco brillan los desempeños de los funcionarios encargados de la promoción de las artes, la cultura, el deporte, por haber dejado de ser prioritarios por culpa de la epidemia, que atrajo los recursos presupuestales de muchos otros rubros ajenos a la salud.
Los diputados locales adelantarán este día su sesión plenaria de los miércoles, para despachar los asuntos acumulados, entre ellos, la disminución del número de magistrados electorales.
Ayer, legisladores locales y federales de MORENA participaron en una interlocución vía zoom incluidos los senadores Lupita Covarrubias Cervantes y Américo Villarreal Anaya.
La convocatoria fue emitida por Erasmo González Robledo a través del comunicador Alejandro Valladares Almanza y fue exitosa debido a la diversidad de temas abordados y el compromiso repetido de hacer gestiones en beneficio de la sociedad, no del gobierno.
El diputado local de Reynosa Rigoberto Ramos Ordóñez fue particularmente enfático en descalificar el intervencionismo del mandatario panista en otros partidos, para mediatizarlos.
Lupita opinó que el nuevo presidente de MORENA, Mario Delgado Carrillo, cambiará la forma de hacer política, con menos cúpula y más base popular, en tanto que Edna Rivera López vaticinó que ese partido ganará la mayoría de las diputaciones en el Congreso local, en 2021.
Hubo también en este diálogo múltiple, una severa auto-crítica, pues reconocieron que la designación de candidatos a cargos de elección popular se hace desde la Ciudad de México, aunque a veces, consultando las bases.
Volviendo al tema de los ahorros mediante el achicamiento de los organismos gubernamentales, hubo en Veracruz una revuelta en el Tribunal Superior de Justicia pues los magistrados depusieron por mayoría de votos a su presidenta.
En efecto, la abogada Sofía Martínez Huerta no cumplió ni el año al frente del máximo tribunal de justicia jarocho, pues le dieron un pinochetazo, bajo los cargos de nepotismo y corrupción.
La dama se defiende arguyendo que se trata de una maquinación orquestada por el secretario general de gobierno y por el presidente de la junta de coordinación política, del Congreso de Veracruz.
Pero cuando menos le tuvieron la atención de conservarle su nombramiento como magistrada, aunque ahora será del montón. Recibió su nombramiento ejecutivo en diciembre de 2019.
Tuvimos en Tamaulipas una revolución en el poder judicial durante el gobierno de Emilio Martínez Manautou, con la sorpresiva renuncia del magistrado presidente Humberto de la Garza Kelly.
En esa época, un sobrino del director del periódico más importante de Tampico cobraba como juez penal en Nuevo Laredo (tenía como apodo El Peluquín), y se le comprobó el delito de haber exonerado a un delincuente, mediante un soborno.
De la Garza lo destituyó pero su influyente tío consiguió que el doctor Emilio lo reinstalara y ese fue el motivo de la renuncia de don Humberto, que fue un hombre muy honesto y congruente.
Otro magistrado de la época, Abelardo Perales Meléndez, también presentó su renuncia, en solidaridad con su presidente saliente.
En la actualidad, el poder judicial no es como para presumirse. Su más reciente motivo de vergüenza fue haber armado en Nuevo Laredo, una maniobra para meter a la cárcel a más de cinco ciudadanos, con el pretexto de la autoría intelectual y material, de un asesinato.
La defensa comprobó que eran inocentes y fueron absueltos. Pero desde el palacio de gobierno salió la orden de volverlos a aprehender, para ser juzgados por el mismo delito.
(Agencia de Servicios Informativos).
