Elementos de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Estatales de Tamaulipas rodearon la casa del operador de la grúa municipal para intimidarlo y evitar que pudiera ir a declarar a la Fiscalía General del Estado por la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas la semana pasada, acusó Raymundo Ramos, integrante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
«Son policías estatales, Ramón estaba citado en la Fiscalía de Tamaulipas para ser entrevistado, pero suponemos que la intención de los policías es que no saliera y no pudiera ser entrevistado; y también meterle miedo para que no nos ayude a esclarecer estos hechos, donde seis personas fallecieron y la autoridad tendrá que demostrar que eran criminales», dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.
El operador de la grúa municipal es el principal testigo en los hechos ocurridos la mañana del pasado 5 de septiembre, ya que fue él quien trasladó la camioneta Tundra de Madero cuadra 68 a la colonia Valles de Anáhuac, donde personal de la Policía Estatal y del Grupo CAIET presuntamente ejecutaron a personas inocentes, según lo documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
El integrante del Comité de Derechos Humanos explicó que están seguros de que se trata de una intimidación porque al menos 10 unidades impidieron que una patrulla de la Policía Municipal trasladara al operador de la grúa a la FGE, pero que logró llegar a la entrevista gracias a la presión que ejercieron reporteros sobre los oficiales.
Añadió que se complicaron algunos problemas de salud del testigo clave, por lo que fue trasladado a un hospital, donde permanece internado; y responsabilizó al gobierno estatal por su integridad.
«Tiene presión alta y se puso muy mal, paramédicos de Protección Civil tuvieron que auxiliarlo y trasladarlo a un hospital. Hacemos responsable al gobierno de Tamaulipas y al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de la salud , de la vida, de la integridad de Ramón y de todos los involucrados en la denuncia de estos hechos», afirmó.
Ramos adelantó que un equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegará mañana para comenzar la investigación del caso.
Señaló que la administración de García Cabeza de Vaca no tiene voluntad de esclarecer el caso y comentó que pedirá que la federación atraiga el caso «porque no confiamos en el gobierno de Tamaulipas», afirmó.
«El gobierno de Tamaulipas tan no tiene intención de esclarecer el caso que no ha ordenado que ese personal sea suspendido, siguen trabajando en la calle», acusó.
Milenio