El Congreso de Tamaulipas, aprobó en la sesión ordinaria de este miércoles las modificaciones a la Ley de Educación para el Estado, con el fin de armonizarla con las Leyes Generales en materia del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, para dotar de las mencionadas atribuciones a la Secretaría de Educación del Estado.
Estas modificaciones forman parte del proceso de consolidación de una de las reformas constitucionales más importantes en la historia educativa del País.
Las reformas aprobadas a la legislación local en materia educativa, se abordan en un marco de respeto a los derechos laborales de los maestros, a quienes se reconoce su apertura y disposición para sacar adelante esta Iniciativa.
Este es el producto final del consenso que emana de un amplio acuerdo de voluntades derivado del diálogo, de la concertación entre las diversas fuerzas políticas del País y de Tamaulipas, incluido el gremio magisterial.
La Iniciativa aprobada, dentro de los elementos básicos que conforman su contenido normativo, establece que el ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior que imparta la Secretaría de Educación y los Organismos Descentralizados, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias, además de haber ejercido como docente un mínimo de dos años.
Respecto al servicio profesional docente, se propone una serie de mecanismos y acciones para mejorar la práctica profesional docente, además del otorgamiento de reconocimientos, estímulos y recompensas con base en la evaluación del desempeño de cada maestro.
En cuanto a la permanencia en el servicio, se establecen las bases y requisitos señalados en la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre los que destacan los procesos de evaluación y los mecanismos de adscripción y formación permanente.
También se sientan las bases para el financiamiento educativo, así como la prohibición de las cuotas escolares obligatorias y el establecimiento de cualquier condicionante que obstaculice el acceso a la educación pública.
En cuanto a la equidad en la educación, se acentúa la obligación de las autoridades educativas de impulsar programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos, para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios.
La acción legislativa precisa que la educación especial propiciará la integración de sus alumnos a los planteles de educación básica regular a través de métodos y técnicas atinentes, y respecto a la educación para los adultos se establece que el Estado y los Municipios otorgarán las facilidades necesarias para una mayor cobertura en ese ámbito.
Asimismo, establece que corresponde a la Secretaría de Educación y sus unidades administrativas, los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica.
Diputados de las distintas fuerzas políticas expresaron que la Iniciativa es producto de un amplio trabajo, de un acuerdo de voluntades derivado del diálogo, la participación decidida de los maestros, gobierno y los ciudadanos tamaulipecos.
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