Las investigaciones bilaterales apuntan a que Oscar Guillermo Juraidini Silva y su red estructurada de contrabando operaban de manera activa desde aproximadamente el 2014.
En este punto es conveniente recordar que la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, se promovió en el 2013, utilizando, como factor de convencimiento a los legisladores la posibilidad de obtener permisos especiales y concesiones adicionales para los legisladores, además de dinero en efectivo.
Las agencias de seguridad de México y los reportes financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos revelan que sus actividades ilícitas llevaban más de una década consolidándose en la frontera antes de los bloqueos de 2019.
El origen profundo de esta red criminal se divide en tres fases principales:
- La Consolidación en la Frontera (A partir de 2014)Juraidini Silva comenzó a infiltrar y operar en el sector del transporte, servicios financieros e inmobiliarios en Tamaulipas.
Logró establecerse como un mediador e intermediario clave entre facciones delictivas históricamente rivales de la zona de la frontera.
Su rol era actuar como el cerebro financiero común que garantizaba que el flujo del contrabando de diésel y gasolina fluyera de Estados Unidos a México sin interrupciones violentas.
- La Creación de las Empresas Fachada (2015 – 2018)Durante estos años, estructuró un andamiaje legal corporativo para internar y distribuir hidrocarburos.
Para cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó las anomalías en 2019, Juraidini ya operaba a través de múltiples razones sociales diseñadas para la simulación aduanera y el blanqueo de fondos como: Soma Transporte y Servicios, SA de CV y Ogui Fletes, empresas utilizadas para el traslado físico del combustible que cruzaba por los puertos fronterizos, además de el Centro Cambiario La Peseta, SA de CV, dedicada a lavar y dispersar el dinero en efectivo generado en las estaciones de servicio mexicanas.
Otras empresas extranjeras como OJ Living Trust y RK Real King fueron utilizadas para la simulación inmobiliaria y transferencias de activos.
3.- El Quiebre Institucional fue en el 2019 cuando el indiciado promueve un amparo para seguir operando en la aduana de Reynosa, desde entonces se supo que la operación no era un ensayo; era un mecanismo maduro que ya movía millones de dólares anuales en evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El bloqueo informático del SAT en Reynosa ocurre precisamente porque el cruce constante de camiones cisterna bajo la falsa etiqueta de «aceites y lubricantes» levantó alertas rojas estructurales en los sistemas de trazabilidad aduanera.
El negocio acumulado durante todos estos años de operación ilegal motivó que, en junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) finalmente congelaran y desmantelaran por completo su estructura transfronteriza.
Está operación en conjunto de autoridades fiscales de ambos países, destruye por completo las narrativas sobre el origen del Huachicol Fiscal.
Pero es apenas la punta de la madeja, que sin duda exhibirá a muchos, pues durante más de 10 años se dedicaron a defraudar a la Hacienda Pública de México.
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