El proyecto de ley SB8 del Senado, también llamado “ley de baños públicos”, se aplicará e impone nuevas restricciones sobre qué baños pueden utilizar las personas transgénero en ciertos edificios del estado.
La medida, impulsada por legisladores republicanos durante más de una década, exige que las personas utilicen el baño que corresponde a su sexo asignado al nacer en edificios gubernamentales, oficinas públicas, escuelas y universidades.
Mientras defensores de la comunidad LGBTQ+ advierten que la ley podría aumentar el acoso hacia personas trans, quienes apoyan la legislación aseguran que se trata de un tema de seguridad en espacios privados.
El senador republicano Mayes Middleton, autor de la iniciativa, defendió la medida al afirmar que “es sentido común no permitir a los hombres en espacios privados de mujeres como baños, regaderas, vestidores, albergues para víctimas de violencia doméstica y prisiones”.
Por su parte, Gabriel Sánchez, integrante de South Texas Equality Project, criticó la implementación de la ley al señalar que su objetivo es intimidar a la comunidad trans porque “la meta de este tipo de leyes es asustar a la comunidad trans para que no quiera existir en público. Genera miedo y confusión; es un mal uso de recursos”.
La ley contempla algunas excepciones, como situaciones de emergencia médica o la entrada de personal de mantenimiento autorizado. Sin embargo, hasta el momento las instituciones públicas no han recibido una guía específica sobre cómo deberán cumplir con los nuevos requisitos.
Legisladores a favor de la SB8 insisten en que la prioridad es garantizar que las instalaciones se usen conforme al “sexo biológico”, mientras grupos civiles se preparan para monitorear el impacto de la norma en la población trans del estado.
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