La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente denunció que los trabajadores que son injustamente despedidos y obtienen un laudo para el pago de sus salarios caídos, sufran retenciones excesivas y muy superiores a lo que establece la Ley Federal del Trabajo.
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Eduardo Coronado, responsable de Comunicación Social de Prodecon, indicó que los patrones que les hacen los pagos, en muchas ocasiones les retienen el impuesto sobre la renta aplicándoles una tarifa muy superior a la que legalmente les corresponde.
Sobre el tema, indicó que fue emitida una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
Esa administración despidió a un trabajador que percibía un salario de $246 pesos diarios. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró injustificado el despido y ordenó al Ayuntamiento que reinstalara al trabajador y pagarle además la cantidad de $642,138 pesos por concepto de salarios caídos.
Al efectuar el pago al trabajador, el municipio retuvo el 30% de impuesto sobre la renta, sin exención o deducción alguna, lo que implicó que sólo recibiera $453,175 pesos.
Al aplicársele una tarifa obviamente desproporcionada para el salario mensual del trabajador, la que le correspondía era tan sólo del 8%, él empleado solicitó al municipio la constancia de retención del impuesto pagado a efecto de poder solicitar la devolución respectiva ante el SAT. Sin embargo, el municipio jamás se la entregó, por lo que en junio de 2016 presentó la queja ante Prodecon.
Ni con la intervención del ómbudsman, el Ayuntamiento entregó la constancia, pero además Prodecon pidió informes al SAT y éste contestó que no existía prueba de ningún pago hecho por el municipio por cuenta de ese trabajador.
Agencias
